La abogada de Koldo García, exasesor ministerial investigado por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, ha solicitado al Tribunal Supremo la retransmisión íntegra y en directo del juicio oral, en línea con lo acordado en su día para el proceso del ‘procés’.
La letrada Leticia de la Hoz ha formulado esta petición mediante un escrito, en el que subraya la “indudable relevancia pública” del procedimiento.
En el mismo se enjuiciará, a partir del próximo 7 de abril, tanto a García como al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama.
En su argumentación, la defensa sostiene que la publicidad del proceso no solo constituye una obligación del tribunal, sino también un derecho del acusado, en la medida en que permite someter el enjuiciamiento al escrutinio público.
A su juicio, la retransmisión en abierto es “el instrumento más eficaz” para que la ciudadanía pueda conocer directamente el desarrollo de la vista, incluidas las pruebas y declaraciones practicadas.
La abogada advierte de que, en ausencia de esa retransmisión íntegra, el honor de su defendido podría quedar condicionado por “interpretaciones parciales” de lo sucedido en sala. En este sentido, denuncia que García ha sido objeto de una “exposición mediática sin precedentes”, que ha traspasado el ámbito profesional para adentrarse en aspectos de su vida privada, generando —según afirma— un “juicio paralelo” y un “escarnio público constante”.
Indefensión pública de Koldo García
De la Hoz considera que dicha situación ha provocado una afectación “masiva y pública” al buen nombre de su cliente, por lo que entiende que cualquier eventual reparación debería producirse con una visibilidad equivalente.
Como precedente, la defensa invoca el juicio del ‘procés’, en el que el alto tribunal acordó la retransmisión íntegra y en directo de todas las sesiones mediante señal institucional.
A su entender, aquella decisión respondió a la idea de que la máxima transparencia actúa como garantía frente a la desinformación y refuerza la percepción de imparcialidad del proceso.
“La presencia de cámaras no busca el espectáculo”, sostiene la letrada, sino que pretende que la función jurisdiccional sea percibida como una aplicación rigurosa de la ley sometida al control público.
En esta línea, defiende que una señal institucional íntegra permitiría evitar relatos fragmentarios o interesados sobre lo ocurrido en el plenario, al facilitar el acceso directo de cualquier ciudadano a la fuente original de la información.
Por su parte, el Tribunal Supremo ya ha comunicado que los medios de comunicación dispondrán de señal institucional de la vista, accesible desde los espacios habilitados dentro del propio tribunal. No obstante, dicha señal solo podrá utilizarse para la elaboración de piezas informativas.
Así, los medios acreditados podrán difundir únicamente los extractos que consideren necesarios, quedando expresamente prohibida la retransmisión íntegra —total o parcial— de las sesiones, tanto en directo como en diferido.
