El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha presentado un escrito formal de queja ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para exigir la retirada de una campaña institucional sobre el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros.
El motivo: el ICAM considera que los mensajes difundidos en las redes sociales oficiales del Ministerio vinculan, de forma implícita pero reconocible, el asesoramiento jurídico profesional con la desinformación y el fraude.
La queja no es menor.
La campaña, visible en los perfiles de Instagram y X del Ministerio, presenta acudir a un abogado especializado como algo prescindible.
La denuncia de malas prácticas concretas, afirma el decano, no puede hacerse sembrando sospechas sobre toda una profesión.
Una lectura que, para el Colegio, no solo distorsiona la realidad de unos procedimientos administrativos con consecuencias personales, familiares y laborales de enorme calado, sino que activamente erosiona la confianza pública en una profesión sujeta a ley, deontología y control colegial.
«Es profundamente inapropiado e inaceptable el uso, explícito o implícito, de expresiones como ‘fraude’ o ‘desinformación’ cuando pueden ser percibidas por la opinión pública como una descalificación genérica de la actuación de los abogados y abogadas especializados en extranjería«, dice Ribón en el escrito remitido al Ministerio.
La denuncia de malas prácticas concretas, afirma el decano, no puede hacerse sembrando sospechas sobre toda una profesión.
Un contexto que complica la posición del Ministerio
El «timing» de la queja resulta llamativo. Apenas días antes de que el ICAM hiciera pública su protesta, el propio Colegio había organizado una doble sesión informativa para colegiados sobre el alcance de la futura regularización y un encuentro de trabajo con representantes de 40 consulados, impulsados por el diputado responsable de extranjería, Emilio Ramírez.
El objetivo declarado: garantizar un acompañamiento riguroso y útil a los ciudadanos extranjeros que habrán de navegar esos expedientes.
Difícil sostener, en ese contexto, que la abogacía actúa como factor de riesgo en el proceso.
El ICAM también anunció en esas jornadas que organizará charlas formativas gratuitas para ciudadanos extranjeros una vez aprobado el texto definitivo del procedimiento de regularización, y que ya tiene en marcha acuerdos con diversas ONG para movilizar voluntarios del Colegio que asesoren a quienes lo necesiten.
El argumento jurídico de fondo
La posición del ICAM descansa sobre un principio que cualquier jurista reconocería de inmediato: la intervención letrada no precisa de preceptividad legal para ser jurídicamente relevante.
En extranjería —como en casi cualquier procedimiento administrativo con repercusiones sobre derechos subjetivos— la asistencia profesional aporta seguridad jurídica, identifica la vía procedimental correcta, previene errores documentales y, cuando es necesario, articula una defensa efectiva de los intereses del afectado.
Presentar eso como superfluo no es solo injusto. Es técnicamente incorrecto.
El Colegio recuerda además que ya presta, a través de su Servicio de Orientación Jurídica, información y orientación gratuita a la ciudadanía, y que gestiona la Asistencia Jurídica Gratuita —también en materia de extranjería— para quienes carecen de recursos económicos.
La orientación jurídica a personas migrantes no es, para el ICAM, una postura reactiva adoptada ante la campaña del Ministerio. Es, según subraya el propio Colegio, una prioridad institucional sostenida.
El Ministerio debe reconocer de forma expresa la labor de la abogacía en estos casos
En su escrito, Ribón solicita formalmente la retirada de la campaña en su formulación actual y su sustitución por otra que, manteniendo la difusión de información oficial, evite cualquier menosprecio del asesoramiento jurídico profesional y reconozca expresamente la labor de la abogacía en la protección de los derechos de los ciudadanos, con especial atención a los más vulnerables.
El ICAM cierra su escrito tendiendo la mano. Reitera su disposición al diálogo institucional y a la colaboración leal con las administraciones para que el futuro proceso de regularización se desarrolle con todas las garantías y con el acompañamiento jurídico adecuado.
La pelota está ahora en el tejado del Ministerio.
