Sin pausas ni concesiones. El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la Operación Kitchen despachó hoy todas las cuestiones previas planteadas por las defensas y retomó el juicio oral sin que prosperara ninguna de las peticiones de suspensión.
Tampoco la del PSOE, que había reclamado la imputación de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su exmarido, el empresario, Ignacio López del Hierro.
El caso es de los que pesan. Kitchen es el nombre con el que la investigación judicial bautizó el presunto operativo orquestado desde la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentación comprometedora en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas.
En el banquillo se sientan, entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) –número 2 de la Policía Nacional–, Eugenio Pino, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Las defensas llegaron a la sesión con un arsenal de cuestiones previas. Incompetencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar los hechos. Prórroga «injustificada» del secreto de sumario. Falta de conexión entre la pieza Kitchen y el llamado caso Tándem, la macrocausa que tiene a Villarejo como eje.
Ninguna prosperó. El tribunal siguió el criterio de la Fiscalía y desestimó todas ellas.
Tampoco sobrevivió la petición de nulidad de los audios atribuidos al propio Villarejo, supuestamente el detonante de la investigación judicial.
Las defensas argumentaron doble vicio: obtención ilícita e imposibilidad de acreditar su autenticidad. El tribunal no lo entendió así.
La otra batalla de la jornada la libró la acusación popular que ejerce el PSOE, que había solicitado la suspensión del juicio para reabrir la causa contra Cospedal y López del Hierro.
Ambos estuvieron en el punto de mira durante la instrucción, pero el procedimiento fue archivado para ellos en 2021. Ahora comparecerán como testigos, no como acusados.
El tribunal rechazó la petición sin fisuras.
Con todos los flecos procesales resueltos, el juicio retoma su curso. Lo que queda por dirimir es el fondo: si hubo o no una operación de Estado para proteger al PP de su propio extesorero.
