«El alto el fuego es claro y explícito: EEUU debe elegir entre el cese del fuego o la guerra continuada a través de Israel. No puede tener ambas cosas. El mundo ve las masacres en el Líbano» — Abbas Araghchi, ministro de Exteriores de Irán, 8 de abril de 2026.
Son las cuatro de la madrugada en Beirut. El 8 de abril de 2026, pocas horas después de que el mundo exhalara un suspiro de alivio al conocerse el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, miles de familias desplazadas en campamentos costeros de la capital libanesa comenzaron a recoger sus escasas pertenencias.
Creían que podían volver a casa. En el aeropuerto de Tel Aviv, sin embargo, Benjamin Netanyahu acababa de concluir una llamada telefónica con Donald Trump.
Lo acordado en esa conversación no tardó en traducirse en actos: 50 cazas de la Fuerza Aérea israelí despegaron en formación, atacaron más de 100 objetivos en Beirut, el valle de la Bekaa y el sur del Líbano, y lanzaron aproximadamente 160 municiones en menos de diez minutos.
El Ejército israelí lo calificó de «la mayor oleada coordinada de ataques desde el inicio de la guerra».
Al amanecer, más de 250 personas habían muerto. Las familias que preparaban las bolsas para volver a Nabatieh o a Tiro recibieron la orden de permanecer donde estaban.
Era inseguro.
La justificación de Netanyahu fue tan sencilla como escandalosa: el alto el fuego con Irán, dijo, no incluía el Líbano.
Pakistán, el mediador que había cosido el acuerdo durante días de negociación frenética, afirmó exactamente lo contrario: el cese del fuego cubría «todos los lugares, incluido el Líbano».
Trump, preguntado al respecto, despachó el bombardeo más mortífero sobre Beirut en semanas con la expresión «escaramuza separada».
No hay eufemismo más obsceno disponible en la diplomacia contemporánea.
La anatomía del sabotaje: el arte israelí de la excepción permanente
Existe un patrón en la conducta de Israel ante los acuerdos de cese del fuego que ya no admite calificación distinta a la de sistemático.
No se trata de violaciones aisladas ni de respuestas defensivas a provocaciones concretas: es una estrategia deliberada de dejar siempre abierta una ventana de acción militar, algún frente que queda «excluido» del acuerdo, algún enemigo que no «cuenta» en el texto firmado.
Gaza no estaba, o estaba pero con asteriscos.
El Líbano no está, dice Netanyahu hoy. Cisjordania nunca estuvo. Siria tampoco.
Los números son elocuentes. Según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, desde el inicio del alto el fuego en Gaza el 10 de octubre de 2025 hasta mediados de marzo de 2026, Israel violó ese acuerdo al menos 2.073 veces mediante ataques aéreos, artillería y disparos directos.
«Un estado que viola sistemáticamente el derecho internacional sin pagar coste alguno no está infringiendo el orden jurídico: está enseñando al mundo que ese orden puede infringirse impunemente, y que basta con tener el patrocinio del poder correcto».
Al Jazeera documentó ataques israelíes en 157 de los 179 días de ese alto el fuego: es decir, solo 22 días transcurrieron sin víctimas ni ataques.
En el Líbano, la FPNUL —la Fuerza provisional de la ONU— registró entre noviembre de 2024 y finales de febrero de 2026 más de 10.000 violaciones israelíes del espacio aéreo libanés y 1.400 actividades militares dentro del territorio libanés, con un saldo aproximado de 400 muertos y más de 1.100 heridos. Todo ello bajo el paraguas de un acuerdo de cese del fuego «nominalmente vigente».
Cuando el propio mecanismo de supervisión —la comisión de monitoreo del cese del fuego en Líbano— celebró su última reunión a finales de febrero de 2026, los representantes israelíes ni siquiera se presentaron. Era el fin formal de cualquier marco de supervisión.
La impunidad no se practica en silencio: se señaliza.
Netanyahu y la lógica de la guerra sin fin
Sería un error analítico —aunque un error cómodo— interpretar la conducta israelí exclusivamente como estrategia de seguridad.
La clave de bóveda de cuanto ocurre en Beirut esta mañana tiene también un nombre: supervivencia política. Benjamin Netanyahu lleva años gobernando en coalición con fuerzas que no son solo ultraderechistas en el sentido habitual del término, sino que han construido su identidad política sobre la expansión territorial y la guerra permanente.
Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y artífice de la política de colonización acelerada en Cisjordania, ha declarado explícitamente que su objetivo es «matar la idea de un Estado palestino». Itamar Ben Gvir ha incendiado los parámetros de lo que puede decirse públicamente en la política israelí.
En febrero de 2026, mientras el mundo miraba a Irán, el gabinete israelí aprobó en silencio una batería de medidas para registrar tierras en Cisjordania como «propiedad estatal», transferir poderes administrativos de la Autoridad Palestina a autoridades israelíes en las Zonas A y B —en violación directa de los Acuerdos de Oslo—, y permitir la venta de tierras en la Cisjordania ocupada a no árabes, cancelando la legislación jordana que lo impedía desde 1967.
«Europa, en particular, tiene una deuda pendiente consigo misma. No puede defender el derecho internacional en Ucrania mientras observa su demolición sistemática en Gaza, en Cisjordania y en Beirut con una mezcla de inquietud retórica y parálisis práctica. La coherencia no es solo un principio ético: es la base de la credibilidad de cualquier actor que pretenda jugar un papel en el orden internacional».
Peace Now lo resumió sin ambages: «Netanyahu prometió desmantelar Hamas en Gaza, pero en la práctica eligió desmantelar la Autoridad Palestina, anular acuerdos que Israel mismo firmó e imponer la anexión de facto».
El Washington Institute for Near East Policy describió el proceso como «anexión por diseño». El Tribunal Internacional de Justicia ya había concluido en 2024 que las políticas israelíes en Cisjordania equivalen a una anexión de grandes partes del Territorio Palestino Ocupado, contraria al derecho internacional.
Con elecciones para el Knesset previstas en octubre de 2026, y con la coalición sostenida en un hilo sobre la cuestión del servicio militar ultraortodoxo, Netanyahu necesita la guerra.
No como retórica, sino como pegamento de gobierno. Un Netanyahu en paz es un Netanyahu en juicio —sus causas penales por corrupción siguen abiertas— y un Netanyahu sin coalición es un Netanyahu sin inmunidad. La aritmética es descarnada.
El día que más peligró la paz: cuando el mediador contradice al beneficiario
Lo ocurrido el 8 de abril de 2026 constituye un escándalo diplomático de primer orden que merece ser llamado por su nombre.
Un mediador soberano —Pakistán, cuyo primer ministro Shehbaz Sharif había anunciado el acuerdo— afirma que el cese del fuego cubre toda la región.
El Estado beneficiario del acuerdo —Israel, que no participó directamente en las negociaciones pero que libra la guerra junto a Estados Unidos— dice que no.
Y el patrocinador del acuerdo —Washington— respalda la posición israelí en tiempo real. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no tardó en confirmar que «el Líbano no es parte del alto el fuego».
Las consecuencias de este juego de espejos son inmediatas. Irán amenazó con no reabrir el Estrecho de Ormuz si Israel continúa atacando el Líbano —señalando que los ataques sobre Beirut constituyen una violación del propio acuerdo—.
«Israel es un Estado democrático con derecho a la seguridad, con una historia de amenazas existenciales reales y con una sociedad civil que incluye voces críticas de un valor extraordinario. Pero el gobierno de Netanyahu no es Israel: es una coalición de supervivencia política que ha convertido la guerra en instrumento de permanencia en el poder y la anexión en programa de gobierno».
El canciller Araghchi contactó a varios ministros de Exteriores para transmitir ese mensaje. Egipto, que contribuyó a la mediación, acusó a Israel de un «intento premeditado» de sabotear la tregua.
El secretario general de la Liga Árabe denunció que Israel «persiste en buscar el sabotaje» del acuerdo de paz. A medida que se redactan estas líneas, la solidez del alto el fuego más esperado depende, literalmente, de si Netanyahu decide seguir bombardeando Beirut.
Más de un millón de personas siguen desplazadas en el Líbano. Más de 1.530 civiles —entre ellos más de 100 mujeres y 130 niños— han muerto en el país desde el 2 de marzo.
Y en la franja de Gaza, el contador de muertos ha superado los 72.300 desde octubre de 2023. Israel tiene el derecho a defenderse; ningún analista serio lo discute. Pero el derecho a la defensa no incluye el derecho a redefinir unilateralmente los términos de un acuerdo internacional de paz el mismo día en que se firma.
Lo que el mundo civilizado ha hecho: palabras, y más palabras
La reacción internacional al patrón israelí ha seguido un libreto tan predecible que resulta ya casi una parodia del orden multilateral. Francia emite declaraciones de preocupación.
El presidente Macron ha pedido que el Líbano sea incluido en el alto el fuego. La ONU lamenta. Oxfam exige. La Liga Árabe condena. El Consejo de Seguridad se reúne en sesión de emergencia.
Y, puntualmente, nada cambia. Israel continúa sus operaciones, y los comunicados se acumulan en los archivos de las cancillerías como prueba de la impotencia colectiva.
El problema de fondo no es la ausencia de normas. El derecho internacional prohíbe sin ambigüedad la anexión de territorios por la fuerza, las violaciones de alto el fuego acordadas, los ataques a infraestructura civil sin distinción. El CIJ lo ha dicho en términos inequívocos.
La Asamblea General de la ONU lo ha votado. El Tribunal Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto. El problema es la ausencia de consecuencias.
Un estado que viola sistemáticamente el derecho internacional sin pagar coste alguno no está infringiendo el orden jurídico: está enseñando al mundo que ese orden puede infringirse impunemente, y que basta con tener el patrocinio del poder correcto.
Europa, en particular, tiene una deuda pendiente consigo misma. No puede defender el derecho internacional en Ucrania mientras observa su demolición sistemática en Gaza, en Cisjordania y en Beirut con una mezcla de inquietud retórica y parálisis práctica. La coherencia no es solo un principio ético: es la base de la credibilidad de cualquier actor que pretenda jugar un papel en el orden internacional.
Lo que el mundo civilizado debería hacer: costes reales, no retórica
Nuestro vaticinio es que el alto el fuego con Irán sobrevivirá —porque ninguna de las partes puede permitirse el contrario— pero que la ventana que Israel ha abierto en el Líbano es una señal que el mundo no puede ignorar.
Los gobiernos que se declaran guardianes del orden basado en normas tienen ante sí una elección de fondo: actuar con la coherencia que predican o aceptar que ese orden es selectivamente aplicable según quién lo viole.
Las medidas disponibles no son ciencia ficción. La Unión Europea puede suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, que incluye el acceso preferencial al mercado europeo, mientras persistan las violaciones del derecho internacional documentadas por sus propios tribunales.
Puede congelar los programas de cooperación en investigación y defensa. Puede reconocer el Estado palestino con consecuencias jurídicas efectivas —no como gesto simbólico— e impulsar la aplicación de las resoluciones del CIJ mediante los mecanismos de terceros Estados obligados a no reconocer ni asistir en la anexión ilegal.
Francia, España y otros Estados miembros que ya han reconocido Palestina podrían coordinar una posición común ante el Consejo vinculada a sanciones comerciales específicas y revisables. No hay que inventar nada: el instrumental jurídico existe. Lo que falta es voluntad política.
Nada de esto equivale a negar el derecho de Israel a existir ni a ignorar las atrocidades del 7 de octubre de 2023, que siguen siendo el origen de un trauma colectivo profundo y legítimo.
Equivale, sencillamente, a aplicar la misma vara de medir que se aplica a cualquier otro Estado: las guerras tienen reglas, los acuerdos se respetan, los territorios ocupados no se anexionan, y los civiles no se bombardean el mismo día en que el mundo firma la paz.
Israel es un Estado democrático con derecho a la seguridad, con una historia de amenazas existenciales reales y con una sociedad civil que incluye voces críticas de un valor extraordinario.
Pero el gobierno de Netanyahu no es Israel: es una coalición de supervivencia política que ha convertido la guerra en instrumento de permanencia en el poder y la anexión en programa de gobierno.
Cuando el mundo civilizado no distingue entre ambos —cuando trata al gobierno como si fuera el Estado, y sus crímenes como si fueran su destino—, le hace un flaco favor tanto a los palestinos como a los israelíes que merecen algo mejor.
El 8 de abril de 2026, mientras las familias en Beirut recogían sus bolsas para volverlas a dejar, el mundo tuvo una nueva oportunidad de decir basta. Hasta ahora, siempre ha pospuesto ese momento para mañana.
