El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, abrió ayer la tercera sesión del Foro Confilegal 30 Años de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con un anuncio que marca el inicio de un proceso legislativo largamente reclamado por la profesión: «el proyecto de ley de Justicia Pública Gratuita llegará en breve al Congreso de los Diputados».
Así se lo comunicaron esa misma mañana desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
«No conocemos sus textos, lo dejo dicho ya desde ahora», precisó González ante los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia de PSOE, PP y VOX, de consejeros de la Abogacía española y colectivos de abogados reunidos en la Casa de la Abogacía Española.
La advertencia no era menor: el CGAE quiere ser interlocutor activo del proceso, no mero receptor de un texto cerrado.
Treinta años de una ley agotada
La sesión es la tercera de una serie de Foros Confilegal que el Consejo lleva impulsando desde hace meses para preparar el terreno a la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, vigente desde hace tres décadas, en la forma de una nueva Ley.
En la primera cita, los consejeros debatieron internamente los problemas estructurales del turno de oficio. En la segunda, fueron las asociaciones y colectivos de abogados quienes expusieron su visión.
Ayer fue el turno de los grupos parlamentarios.
«Si entonces era urgente, pues mucho más urgente es hoy abordar su problemática. La situación, desde luego, es insostenible», subrayó González.
Los datos que maneja el Observatorio del CGAE son contundentes. La demanda de justicia gratuita crece de forma sostenida año tras año.
Al mismo tiempo, el número de abogados adscritos al turno de oficio se desploma: de 45.000 en 2016 a 40.000 en 2024, cinco mil letrados menos en ocho años.
La tendencia no se explica por falta de vocación, sino por una ecuación económica que no cierra.
Infrarretribución crónica y desigualdad territorial
«Los profesionales están infrarretribuidos, claramente infrarretribuidos, porque se les paga poco», afirmó el presidente del CGAE sin eufemismos.
España, señaló, se sitúa a la cola de Europa en la retribución al abogado de oficio. Pero el problema va más allá del importe: hay actuaciones que directamente no se pagan, bien porque el beneficiario no tramitó correctamente su solicitud, bien porque no aportó la documentación requerida.
La carga recae entonces sobre el profesional.
A esto se suma una desigualdad territorial que González calificó de grave, y un mecanismo de actualización de honorarios que en muchos casos lleva cinco, ocho, diez o hasta quince años congelado.
«Los pliegos de contratación de las administraciones contienen las actualizaciones de precios. Los abogados trabajan a retribuciones que pasan años sin actualizar. Así no se puede. El modelo, tal y como está concebido, no es sostenible«, sentenció.
El contraste resulta llamativo: cualquier bien o servicio que adquiere la Administración pública lleva incorporada una cláusula de revisión de precios. Los abogados del turno de oficio, no.
Un servicio público con más del 80% de satisfacción ciudadana
Frente al cuadro de precariedad, González quiso reivindicar la calidad del trabajo que se presta.
Las encuestas del CGAE entre usuarios del servicio arrojan un índice de satisfacción superior al 80%. «No hay otro servicio público con tan alta valoración», afirmó.
Una excelencia que, apuntó, se sostiene en buena medida a golpe de implicación personal y de presupuesto de los propios colegios.
«Viendo aquí cómo los abogados cogen aviones cada día prácticamente para prestar el servicio de justicia gratuita allá donde no hay abogados», ilustró González con una imagen que condensa la dimensión territorial del problema.
«No filantropía, sino obligación del Estado de Derecho»
El presidente del CGAE rechazó de plano cualquier lectura caritativa del turno de oficio.
«Cuando hablamos de justicia gratuita, cuando hablamos del turno de oficio, no podemos hablar de caridad, no podemos hablar de filantropía. Hablamos de una obligación de nuestro Estado democrático y de Derecho. Cuidar la justicia de oficio, insistió, es cuidar el Estado de Derecho«, dijo.
Y apeló a una máxima que, según reconoció, repite siempre que aborda este asunto: «No hay inversión más social, no hay inversión que proteja más a los vulnerables que la inversión en justicia gratuita».
El diálogo empieza hoy
González cerró su intervención con un llamamiento a la participación de todos los actores implicados en el debate que se va a abrir.
El presidente del CGAE reivindicó que el proceso legislativo escuche a colegios, consejos autonómicos y colectivos profesionales: quienes, en sus palabras, «estiran el chicle para que la justicia gratuita llegue a cada rincón del territorio».
«El diálogo empieza hoy aquí», concluyó. Los 83 colegios de la Abogacía española y los 10 consejos autonómicos llevan cuatro años presionando en el Congreso para que llegara este momento.
