La situación de miles de profesionales de la abogacía incorporados durante décadas a sistemas de mutualidad alternativa exige una respuesta serena, rigurosa y, sobre todo, urgente.
La tramitación parlamentaria de la conocida como pasarela al RETA ha abierto una oportunidad que no debería desaprovecharse.
El martes, el Congreso de los Diputados tiene ante sí lo que puede ser la última oportunidad real para dar una respuesta a miles de profesionales que han ejercido la justicia hasta el último día de su vida profesional. No puede desaprovecharse.
Pero esa oportunidad solo será útil si desemboca en una solución justa, viable y construida desde la escucha real a quienes llevan años reclamando una respuesta.
Como decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, soy plenamente consciente de la preocupación, la incertidumbre y, en muchos casos, la angustia que esta situación provoca en numerosos compañeros y compañeras.
He tenido ocasión de escucharla directamente, de conocer testimonios personales muy duros y de constatar que estamos ante un problema que afecta no solo al futuro profesional de muchos abogados y abogadas, sino también a su dignidad personal, familiar y económica.
El problema no es nuevo. Durante mucho tiempo, numerosos abogados y abogadas ejercieron su profesión bajo un marco legal que permitía optar por la mutualidad alternativa al régimen público de trabajadores autónomos.
Lo hicieron conforme a la normativa vigente, con confianza en el sistema y en las instituciones. Hoy, muchos de esos profesionales se enfrentan a prestaciones claramente insuficientes tras una vida de trabajo, aportaciones y compromiso con la función social de la abogacía.
Es una cuestión de reconocimiento legítimo a una generación de profesionales
Por eso, la pasarela al RETA no puede abordarse como una cuestión meramente técnica. Es, desde luego, un debate de Seguridad Social, de sostenibilidad y de encaje normativo.
Pero es también una cuestión de equidad, de confianza legítima y de reconocimiento a una generación de profesionales que ha sostenido el ejercicio libre de la abogacía en condiciones muchas veces difíciles. 4
Una generación que hizo justicia cada día. Y que hoy reclama que se haga justicia con ellos.
En este momento, la proposición de ley en tramitación en el Congreso y las enmiendas planteadas sitúan el debate en una fase decisiva.
La ponencia y la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tienen ahora la responsabilidad de transformar años de reivindicación en una respuesta normativa efectiva.
«No se trata de pedir privilegios. Se trata de buscar una respuesta equilibrada para quienes actuaron dentro de la legalidad, sostuvieron sus obligaciones profesionales y confiaron en un sistema que hoy se revela incapaz de garantizar prestaciones adecuadas en muchos casos. Se trata, en definitiva, de hacer justicia con quienes han ejercido la justicia».
No basta con proclamar sensibilidad hacia el problema; es necesario articular una solución que no deje fuera a quienes precisamente necesitan esa respuesta.
Es imperativo que las Cortes Generales escuchen a sus representados. Es imperativo que los grupos parlamentarios escuchen la voz de los afectados, de sus asociaciones, de quienes llevan y llevamos meses —años— reclamando que nadie se quede atrás. Esa voz no puede ignorarse cuando el reloj parlamentario está a punto de detenerse.
Desde el ICAM hemos venido trabajando en este asunto desde una convicción clara: estar al lado de los mutualistas.
Lo hemos hecho impulsando propuestas técnicas a un problema jurídicamente complejo, promoviendo espacios de diálogo, manteniendo interlocución institucional y trasladando la necesidad de mejorar el texto legislativo.
Estos últimos meses han sido de trabajo intenso con el objetivo, no de sustituir la voz de los colectivos de mutualistas, sino contribuir a que esa voz llegue con más apoyo allí donde se toman las decisiones.
Hay que escuchar a los colectivos representativos de mutualistas
Por eso, en esta fase resulta esencial escuchar la posición común de los colectivos representativos de mutualistas. Desde el ICAM ponemos toda nuestra capacidad institucional, técnica y jurídica al servicio de su postura compartida.
La unidad de acción es hoy más importante que nunca. En un procedimiento parlamentario complejo la dispersión de mensajes debilita la causa.
En cambio, la posición consensuada por los colectivos puede convertirse en una herramienta decisiva para lograr avances reales.
La futura regulación debería asentarse, al menos, sobre varios principios irrenunciables, a nuestro juicio: voluntariedad, suficiencia, seguridad jurídica, equidad y protección efectiva de quienes han quedado en una situación de vulnerabilidad previsional.
Debe evitar exclusiones injustificadas y ofrecer una solución practicable, no una expectativa formal que después resulte inaccesible o insuficiente.
Nadie que haya ejercido la justicia durante décadas puede quedar fuera de esta solución. Eso no sería solo un fracaso técnico. Sería una injusticia.
El legislador tiene ante sí la posibilidad de corregir una anomalía que afecta a la dignidad profesional y personal de miles de abogados y abogadas.
No se trata de pedir privilegios. Se trata de buscar una respuesta equilibrada para quienes actuaron dentro de la legalidad, sostuvieron sus obligaciones profesionales y confiaron en un sistema que hoy se revela incapaz de garantizar prestaciones adecuadas en muchos casos. Se trata, en definitiva, de hacer justicia con quienes han ejercido la justicia.
Tampoco se trata de enfrentar modelos ni instituciones. El centro del debate deben ser las personas afectadas.
Y, desde esa perspectiva, cualquier solución debe partir de una premisa sencilla: escuchar primero a los mutualistas y acompañar después, con lealtad institucional, la posición que han sido capaces de consensuar.
Esa es la responsabilidad que asumo como decano del ICAM. Ni por delante de los afectados ni al margen de ellos. A su lado
El martes es el momento.
La actual ventana parlamentaria no puede cerrarse sin una respuesta. Después de años de incertidumbre, informes, propuestas, movilizaciones y negociaciones, la abogacía necesita certezas. Necesita que las instituciones estén a la altura.
Y necesita que la política convierta el reconocimiento del problema en una solución legislativa concreta.
La pasarela al RETA es una cuestión de justicia. Pero también es una prueba de confianza institucional. Si el sistema permitió una opción, si miles de profesionales organizaron su vida laboral y previsional conforme a esa opción, el sistema no puede ahora desentenderse de sus consecuencias.
Como decano del ICAM, seguiré trabajando para que esa solución llegue cuanto antes, con rigor jurídico, con sensibilidad social y con pleno respeto a la posición común que los colectivos de mutualistas acuerden.
