La causa contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en donde formal y prácticamente ni siquiera ha sido aun imputado, no puede hacerse en los medios de comunicación, como ya esta sucediendo.
Cada día los digitales, televisiones, radios y periódicos convencionales y digitales nos sorprenden con un nuevo avance o dato relevante de la investigación judicial en curso que, por lo demás, sigue declarada secreta en una buena parte.
De esta manera, las garantías del investigado a partir la más básica de su presunción de inocencia, se ven directamente afectadas por una prensa ávida por construir un autentico juicio paralelo.
Muchas veces se han debatido y estudiado medidas para intentar poner un coto legal a esta voracidad informativa, sin que hasta ahora se haya sido capaz de acertar con la normativa mas apropiada para estos casos.
Sin duda el derecho de información es un derecho fundamental con todas sus consecuencias constitucionales, pero también lo son las garantías que para todo encausado se recogen en el articulo 24 de la Constitución.
Un difícil equilibrio entre garantías procesales y la libertad de prensa, que como todo tiene que tener sus limites cuando están en juego valores superiores como son la libertad y la seguridad jurídica de las personas.
Además, la sociedad española no puede aguantar por mucho tiempo el espectáculo mediático que se anuncia en esta causa contra el expresidente Zapatero, con «revelaciones» y «exclusivas» diarias al mismo tiempo que trabaja el magistrado instructor José Luis Calama Teixeira, quien sin duda también se vera afectado por esta marea mediática en la instrucción de unas Diligencias que a todas luces se presentan como muy complejas.
Urge, por tanto, adoptar alguna iniciativa legislativa urgente, a pesar claro esta del panorama que actualmente presentan las Cortes Generales y con un Partido Popular que naturalmente va hacer toda la sangre posible, algunas veces, en clara connivencia con ciertos medios digitales.
Porque, en fin, Zapatero al igual que cualquier otro ciudadano implicado en un proceso penal tiene derecho a una investigación objetiva y técnica que naturalmente no se produce así en los medios de comunicación.
