Representantes de los colegios de la Abogacía de Murcia, Albacete y Salamanca alertan del impacto de los litigantes compulsivos, las sustituciones abusivas de letrado y la falta de retribución de los MASC en el turno de oficio.
Existe un tipo de litigante que no busca ganar. Busca litigar. Encadena denuncias, recursos y reclamaciones sin descanso, convencido de que el mundo entero conspira contra él. Se llama querulante.
Y este miércoles se convirtió, sin pretenderlo, en el gran protagonista de la mesa redonda sobre los problemas de la Justicia Gratuita celebrada en el marco de las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita que han tenido lugar entre el miércoles y el viernes pasado en Salamanca, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española.
Moderada por Carlos Berbell, director de Confilegal, y bajo el título «Foro Abierto sobre los problemas más relevantes de la justicia gratuita en la actualidad», sentó a la misma mesa a tres voces que conocen el sistema desde dentro: Elena Checa Pérez, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Murcia; María de los Llanos López Vázquez, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Albacete; y Gema Duarte Durán, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Salamanca y responsable de la Comisión del Turno de Oficio.
El diagnóstico fue unánime. El sistema de Justicia Gratuita aguanta. Pero aguanta a costa de una presión creciente: abusos que devoran recursos públicos, desgastan a los profesionales y, lo más grave, restan capacidad de defensa a quienes de verdad la necesitan.
El que litiga porque no sabe parar
Fue María de los Llanos López quien puso nombre a un fenómeno que jueces, fiscales, abogados y colegios conocen de sobra, aunque rara vez se mencione en voz alta. El querulante.
Los describió con precisión clínica: personas atrapadas en una compulsión por pleitear, incapaces de digerir una resolución desfavorable, persuadidas de que jueces, fiscales, letrados, peritos y testigos forman parte de una misma maquinaria diseñada para perjudicarlas.
El resultado es una avalancha. Solicitudes reiteradas de justicia gratuita. Peticiones continuas de cambio de abogado. Escritos, recursos, reclamaciones, quejas deontológicas. Una cascada administrativa que obliga a los colegios a movilizar recursos sin tregua.
El profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Josep María Coll, explicó en una columna publicada por este diario que «el perfil del querellante patológico suele responder a una persona suspicaz, recelosa e inflexible que padece un trastorno delirante cuyo síntoma más característico es la búsqueda enfermiza de lo que él considera que es justo«.
«Por ese motivo, no cejará en su empeño hasta conseguir que los órganos judiciales le den la razón –¡su razón!– porque el querulante, en realidad, no quiere que se imparta Justicia, sino que se reconozca su punto de vista. ‘Actitud querulante’ que puede llegar a presentar un comportamiento ‘pleitista, reivindicativo y oposicionista'», añade.
En su empeño, el querulante no se ve contenido ni disuadido por la amenaza de la imposición de las costas procesales como sanción legal a su conducta de mala fe y temeridad procesal ni ante el cúmulo de derrotas judiciales. Le da lo mismo.
«Necesitamos herramientas para evitar que esas personas vivan dentro del sistema de justicia gratuita», sostuvo la vicedecana de Albacete. Su petición fue concreta: que la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita reconozca de forma expresa la querulancia como una modalidad de abuso de derecho, de manera que permita denegar el beneficio con carácter provisional cuando existan indicios suficientes.
Porque el problema, advirtió, no se queda en los juzgados. Llega también a los colegios profesionales, obligados a gestionar un volumen desproporcionado de incidencias provocadas por un puñado de usuarios.
El problema es que, desde el Ministerio de Justicia, se obliga a los Colegios a dar servicio a esta tipología de personas, aún a sabiendas de lo que son.
Cuando cambiar de abogado se convierte en estrategia
Elena Checa abordó otro frente cotidiano: las solicitudes de cambio de abogado de oficio.
La representante murciana recordó un matiz que muchos ciudadanos pasan por alto. El artículo 21 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita reconoce al beneficiario el derecho a pedir la sustitución del profesional designado. Pero pedir no es obtener.
«La justicia gratuita garantiza defensa, pero no garantiza abogado», resumió.
El problema, explicó, nace de una confusión. Muchos confunden el derecho a una defensa efectiva con el derecho a un profesional que les diga exactamente lo que quieren oír. Así llegan a los colegios peticiones envueltas en fórmulas vagas: «no me gusta mi abogado», «no confío en él», «no está llevando bien mi asunto».
Y detrás de casi todas, ninguna negligencia. Solo una discrepancia entre la estrategia jurídica del letrado y las expectativas del cliente.
Los números ilustran la dimensión del fenómeno. Solo en su corporación se tramitaron más de 250 expedientes de cambio de letrado durante 2025. En lo que va de 2026 ya superan los 160.
A esa carga se añade un problema de fondo: no existen criterios homogéneos entre colegios para valorar estas solicitudes. De ahí, sostuvo, la urgencia de una regulación más clara y uniforme.
MASC: la obligación que nadie paga
La tercera cuestión la planteó Gema Duarte, y apuntó directamente al bolsillo. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 ha cargado nuevas obligaciones sobre los abogados del turno de oficio sin garantizar a cambio una retribución a la altura.
El blanco fueron los Métodos Adecuados de Solución de Controversias, los MASC, cuyo intento previo se ha convertido en requisito de procedibilidad para numerosos procedimientos civiles y mercantiles.
La mecánica recae sobre el letrado del turno. Es él quien informa al ciudadano, quien analiza la viabilidad del conflicto, quien prepara la documentación, formula propuestas, tramita el intento de acuerdo y, si todo fracasa, interpone después la demanda.
«¿Quién lo paga? En territorio Ministerio, el abogado del turno», zanjó.
La denuncia, dijo, apunta a algo más amplio: una larga lista de actuaciones imprescindibles para garantizar la defensa que no se retribuyen, o se retribuyen mal. Tiempos de espera. Guardias de disponibilidad. Entrevistas con personas vulnerables. Barreras idiomáticas. Determinadas actuaciones en ejecución penal. Una acumulación que, advirtió, está empujando a muchos profesionales a abandonar el turno.
Una misma conclusión
Tres ponentes, tres frentes distintos, una sola idea de fondo. El sistema de Justicia Gratuita se sostiene, hoy, sobre el compromiso de miles de abogados que asumen cargas muy superiores a las que el Estado les reconoce en dinero, como también subrayó Maravillas Hernández López, decana del Colegio de Abogados de Murcia, coordinadora de esta mesa.
Checa reivindicó proteger a la vez tres cosas difíciles de equilibrar: el derecho de defensa, la dignidad profesional y la sostenibilidad del sistema. López reclamó cerrojos legales que impidan a los querulantes convertir la justicia gratuita en munición para una litigación sin fin.
Y Duarte cerró la mesa con una frase que se quedó flotando en la sala: «La justicia gratuita no es gratuita. O la paga el Estado o la pagamos los abogados con nuestro tiempo y nuestro trabajo».
Una advertencia que condensa buena parte de los desafíos que arrastra hoy uno de los pilares del acceso a la tutela judicial efectiva en España.
