Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha entregado de forma anticipada su pasaporte al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en cumplimiento de la medida cautelar acordada tras la apertura de juicio oral.
Álvarez ya ha cumplimentado esta obligación pese a que había sido citada para hacerlo este miércoles a las 18.00 horas junto a Gómez.
La comparecencia fue acordada mediante providencia dictada por el instructor después de que éste ordenara la adopción de diversas medidas cautelares en el procedimiento que afecta a Gómez, Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Además de la retirada del pasaporte, el juez acordó la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.
Estas medidas permanecerán vigentes durante toda la tramitación de la causa y hasta que se dicte una resolución firme, según consta en el auto por el que Peinado acordó la apertura de juicio con jurado popular.
La petición de prisión contra Cristina Álvarez
La decisión fue adoptada tras la audiencia preliminar celebrada la pasada semana en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
Durante esa vista, las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír solicitaron la retirada del pasaporte de los acusados. La organización reclama 24 años de prisión para Begoña Gómez, 22 años para Cristina Álvarez y seis años para Juan Carlos Barrabés.
En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado ordenó la retirada de todos los pasaportes de los que pudieran disponer los acusados, con independencia de su nacionalidad y tanto si se trataba de documentos ordinarios como diplomáticos.
Asimismo, prohibió expresamente la expedición de nuevos pasaportes.
De forma paralela, acordó la prohibición de salida del territorio nacional y dispuso que se comunicara la medida a los puestos fronterizos y a los aeropuertos civiles y militares para garantizar su cumplimiento.
Juan Carlos Peinado atribuye a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
