La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado al Ministerio de Justicia un refuerzo urgente de la Fiscalía de Ceuta ante la «situación extraordinaria» provocada por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Entre sus principales demandas figuran la implantación de un servicio permanente de interpretación, la triplicación del servicio de guardia y la posibilidad de que fiscales de otros territorios se desplacen temporalmente de forma voluntaria.
En un comunicado difundido este jueves, la asociación sostiene que la Fiscalía ceutí afronta una situación que «desborda la capacidad ordinaria» de un órgano integrado por «solo ocho fiscales efectivos», sometidos, según denuncia, a una presión sin precedentes.
La UPF enmarca esta petición en las consecuencias derivadas de la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, un episodio que dejó 83 fallecidos y que ha multiplicado la carga de trabajo del Ministerio Fiscal en la ciudad autónoma.
Según explica la asociación, los fiscales deben asumir guardias reforzadas y actuaciones vinculadas a menores de edad, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer y otras situaciones de especial vulnerabilidad.
Hasta 200 entrevistas diarias a presuntos menores
La organización destaca que en algunas jornadas llegan a practicarse alrededor de 200 entrevistas a personas que manifiestan ser menores de edad dentro de los procedimientos de determinación de edad, una circunstancia que ha obligado a duplicar el servicio de guardia y que, a su juicio, hace necesario avanzar hacia su triplicación.
Entre las medidas que considera más urgentes, la UPF reclama la creación de un servicio permanente y propio de interpretación para la Fiscalía de Ceuta, de modo que no dependa de la disponibilidad del intérprete destinado a las actuaciones judiciales.
La asociación sostiene que este recurso resulta imprescindible para poder atender las cientos de entrevistas que se realizan en determinadas jornadas y garantizar los derechos de las personas afectadas.
Asimismo, denuncia que la bolsa de fiscales sustitutos ha quedado desierta, por lo que solicita que se habiliten los mecanismos jurídicos, organizativos y económicos necesarios para facilitar el desplazamiento temporal de fiscales voluntarios desde otros puntos de España.
«La crisis que afecta al Estado no puede ser soportada exclusivamente por los ocho fiscales destinados allí. Ceuta es responsabilidad de todos», afirma la organización.
Reclaman mantener las garantías jurídicas en Ceuta
La UPF también ha puesto en valor el trabajo de los fiscales y del personal de la Fiscalía de Ceuta, así como el esfuerzo extraordinario desarrollado en el ámbito de la Violencia sobre la Mujer.
No obstante, advierte de que ese compromiso no debe servir para normalizar el sobresfuerzo de los profesionales y considera que, una vez superada la crisis, su actuación debería recibir un reconocimiento institucional expreso por parte de la Fiscalía General del Estado.
La asociación insiste además en que la magnitud de la emergencia no puede traducirse en una reducción de las garantías jurídicas de menores, potenciales víctimas de trata o violencia sexual ni de quienes puedan necesitar protección internacional.
En este sentido, sostiene que la emergencia puede obligar a adaptar el funcionamiento de las instituciones, pero «nunca puede modificar el estatuto jurídico de las personas».
Por último, la UPF solicita a la Fiscalía General del Estado que continúe monitorizando de forma permanente las necesidades de Ceuta y mantenga una interlocución directa con la Fiscalía del territorio, al tiempo que insta al Ministerio de Justicia a atender «con la máxima celeridad» las peticiones que se formulen desde el Ministerio Fiscal.
