El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene ya perfilado un cronograma para resolver, entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, la cobertura de 16 plazas de magistrado del Tribunal Supremo y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Antes de que nada se convoque, el filtro previo. La Comisión de Calificación tiene previsto reunirse esta semana para estudiar las propuestas de convocatoria de un primer paquete de diez plazas discrecionales, que el Pleno tendrá que aprobar.
Es un bloque que incluye la Presidencia del TSJ de Madrid, vacante por el nombramiento de Celso Rodríguez Padrón como magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo, y 7 plazas de nueva creación: 3 tres en la Sala de lo Civil, 2 en la Sala de lo Penal y 2 en la Sala de lo Social.
Una de las dos plazas de la Sala de lo Penal es para el turno generalista y la otra para el de especialista, que se adjudicará directamente a Susana Polo, magistrada de esa misma Sala, una vez que entre en vigor el 31 de diciembre de 2026. Un trámite que exige acuerdo de la Comisión Permanente y su publicación en el BOE.
Estas 7 plazas nuevas fueron acordadas por el Gobierno mediante el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, aprobado por el Consejo de Ministros, el 7 de julio. Todas ellas forman parte de la creación de 500 nuevas plazas judiciales para 2026.
No se crearon plazas adicionales de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ni en la Sala de lo Militar.
Con esta reforma, el Supremo quedará configurado con 81 magistrados más los cinco presidentes de Sala: 86 miembros en total.
Tres plazas ligadas a jubilaciones ya fechadas
Por una parte, está la de Rafael Sarazá Jimena, de la Sala de lo Civil, que el próximo 16 de octubre cumplirá 66 años. Con 41 años de antigüedad, ha preferido retirarse antes de llegar a los 70 o a los 72, fecha de jubilación obligatoria.
José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por su parte, cumplirá 72 años el 12 de enero próximo. Lo mismo que Félix Azón Vila, de la Sala de lo Social, diez días menor que Bandrés.
A este mismo pleno podrían llegar, además, dos nombramientos de la jurisdicción militar —un juzgado togado territorial en San Fernando y una vocalía en el Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla—, aunque su tramitación queda condicionada a que estén listos los preceptivos informes de la Comisión de Igualdad.
7 nombramientos importantes ya
El segundo hito importante de nombramientos –muy esperado– tendrá lugar en un pleno, a finales de septiembre o principios de octubre.
Son 6 nombramientos cuyas comparecencias y ternas ya están cerradas: 4 plazas en la Sala de lo Penal —las vacantes de Ángel Luis Hurtado Adrán, Andrés Palomo del Arco y Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, más una del turno de juristas correspondiente a la plaza de Miguel Colmenero— y 2 en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Presidencia de la propia Sala, que ocupaba hasta el pasado mes de julio Pablo Lucas Murillo de la Cueva, y su plaza de jurista de reconocido prestigio.
Ese Pleno es de los más importantes por la importancia de las vacantes, por lo que las negociaciones se prevén arduas para ambos bloques, en especial en el caso de Colmenero. Buena parte del grupo de izquierdas apuesta por la catedrática Silvina Bacigalupo, por lo de la cuota femenina.
Sin embargo, hace muchos años que no ha habido un abogado en esa Sala. Siempre se han elegido a catedráticos. Salvador González, presidente de la Abogacía Española, ha venido reivindicando expresamente una mayor presencia de abogados entre los juristas de reconocido prestigio que acceden al Tribunal Supremo.
En esta ocasión hay uno que goza de una gran reputación internacional y que, además, es profesor de la Facultad de Derecho de la Complutense: Manuel Ollé.
La cosa no se presenta fácil para las izquierdas y las derechas del CGPJ. Porque para todos y cada uno de los nombramientos son necesarios 13 votos. Ninguno de los bloques tiene esa mayoría. Por eso se imponen las negociaciones, que no serán fáciles.
Las tomas de posesión de estos seis nuevos magistrados se formalizarían durante el último trimestre de 2026.
El último pleno de 2026, fecha límite.
Ahí es donde el reloj aprieta de verdad. El Consejo maneja una fecha cercana a la Navidad para culminar los nombramientos de las diez plazas convocadas en septiembre.
A comienzos del mes de enero, la Comisión de Calificación —que tendrá que reunirse en diciembre de 2026— podría abrir la convocatoria de otra plaza en la Sala lo Contencioso-Administrativo: la que dejará libre Wenceslado Olea Godoy al jubilarse el 2 de marzo de 2027, al llegar a la frontera de los 72 años.
Cabe la posibilidad de que se articule la tramitación conjunta para las plazas de Olea y de Bandrés, ambas del turno general. Por lo que las comparecencias tendrán lugar posiblemente en febrero.
Un goteo que no se agota en la primavera
Nada de esto cierra el proceso. Las propias previsiones del Consejo sitúan ya en el horizonte de 2027 nuevas bajas —por expiración de mandatos y jubilaciones—. Lo que obligará que obligarán a convocar las presidencias de la Sala de lo Penal y de la Sala de lo Militar.
Andrés Martínez Arrieta, actualmente número en el escalafón de la carrera judicial, cumplirá 72 años el 13 de abril del próximo año, tras 45 años de servicio.
Su homónimo en la Sala de lo Militar, Jacobo Barja de Quiroga, llegará a los 72 el 16 de noviembre de 2027.
Antonio V. Sempere Navarro, magistrado de la Sala de lo Social como jurista de reconocido prestigio, se irá por la misma razón que los anteriores el 5 de junio. Y Julián Sánchez Melgar, número 2 del escalafón, magistrado de la Sala de lo Penal, cumplirá 72 años el 19 de septiembre del año que viene, después de 42 años de servicio.
Este es el “menú” al que tendrá que hacer frente el Pleno del CGPJ en los próximos meses. A no ser que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una vez que el magistrado Juan Carlos Peinado se haya jubilado el próximo 27 de septiembre, proponga alargar la edad de jubilación a los 75 años. Para evitar la fuga de “know how” de magistrados.
Una decisión que está condicionada por el desarrollo de los acontecimientos de nuestro país, como la invasión de Ceuta por inmigrantes procedentes de Marruecos, que podría producir un adelanto de elecciones si no se encuentra una solución que satisfaga a todos.
