Además de a Puigdemont, acusa de haber utilizado fondos públicos para el 1- al vicepresidente Oriol Junqueras, y a los exconsejeros Raül Romeva, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, Santiago Vila, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull. Todos ellos están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por el ‘procés’.
También dirige su denuncia contra los exconsejeros Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig, y Clara Ponsatí -huidos, como Puigdemont-, los exconsejeros Neus Munté, Jordi Jané, Jordi Baiget, y Meritxell Ruiz, y contra la interventora general, Rosa Vidal.
El órgano fiscalizar abrió diligencias preliminares el pasado diciembre, a raíz de una denuncia presentada por propio Torres, y otra de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.
Tres meses después, el fiscal ha decidido solicitar la apertura de esta causa.
Además, ‘Societat Civil Catalana’ y ‘Abogados Catalanes por la Constitución’ han presentado hoy alegaciones ante el Tribunal de Cuentas para que se investiguen los gastos relacionados con este referéndum.
La Generalitat ha reclamado recientemente al órgano fiscalizador archivarla.
Estas entidades reclamaban casi 90 millones de euros por los gastos de la votación y «todos los costes que derivaron al tratarse de una actividad claramente ilegal».
SCC y ‘Abogados Catalanes por la Constitución’ también denunciaron al expresidente de Cataluña Artur Mas ante el Tribunal de Cuentas por la consulta ilegal del 9 de noviembre 2014.
El pasado 12 de noviembre, el órgano fiscalizador condenó a Mas y a 9 exmiembros de su gobierno a pagar 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en organizar y celebrar aquel referéndum.
ALGUNAS DE LAS FACTURAS
El fiscal no fijó en su escrito del pasado diciembre una cantidad concreta de gastos a reclamar ni incluye un listado de los mismos.
Citaba entre otras facturas de gasto los locales de votación -900.906,70 euros-, gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.661,96 en papeletas y 38.431,20 en cartelería.
Por lo que se refiere a la acción exterior, el documento destaca la «acción de la Presidencia catalana» en el exterior que absorbió 2,3 millones de euros, a lo que se añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.
El fiscal solicitaba en su escrito que se iniciara un expediente de responsabilidad contable por daños causados a los fondos públicos de la Generalitat contra 19 personas.
Ya entonces recalcaba que se había «constatado la asignación y disposición de fondos y recursos públicos para financiar las actividades relacionadas con la preparación y la ejecución del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O».
El escrito de la Fiscalía se conoció un día después de que ‘Sociedad Civil Catalana’ y ‘Abogados Catalanes por la Constitución’ presentaran su denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresidente catalán y sus exconsejeros por los mismos hechos.
Estas entidades han cifrado los gastos del 1-O en 1,97 millones de euros de fondos públicos.
Además, señalan que el Estado también resultó perjudicado por esta convocatoria ilegal “por los gastos de desplazamiento, manutención y estancia del contingente desplazado de fuerzas y cuerpos de seguridad”, que elevan a más de 87 millones de euros.
