La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, afrontará el próximo 10 de septiembre una apertura del Año Judicial especialmente delicada.
Sobre el acto planeará una controversia que afecta directamente al alto tribunal: la decisión de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Teresa Peramato, de trasladar a la Comisión Europea sus objeciones sobre el procedimiento que terminó con la condena del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La cuestión tiene una dimensión que va más allá de la discrepancia jurídica con una sentencia.
Una cosa es que la Fiscalía defendiera la absolución de García Ortiz, promoviera posteriormente la nulidad de la resolución y acudiera al Tribunal Constitucional alegando vulneraciones de derechos fundamentales.
Y otra, institucionalmente diferente, es que determinadas circunstancias del procedimiento fueran trasladadas a la Comisión Europea dentro del mecanismo destinado precisamente a evaluar la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros.
De ahí surge una pregunta que permanece sin una respuesta inequívoca: ¿qué buscaba la Fiscalía al llevar el caso García Ortiz a ese escenario europeo?
Informar a Bruselas era normal; la cuestión es qué se decidió contar
Conviene realizar una precisión fundamental.
La Fiscalía General no abrió espontáneamente un canal extraordinario con Bruselas para denunciar la sentencia contra García Ortiz.
Participa habitualmente en la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea y proporciona información relacionada con el funcionamiento del sistema judicial español.
Que informase de la condena del anterior fiscal general tenía, por tanto, plena lógica institucional.
La controversia comienza con el contenido añadido.
La Fiscalía no se limitó a comunicar la condena, la existencia de dos votos particulares favorables a la absolución y los recursos presentados. La institución que dirige Peramato abordó el procedimiento seguido contra García Ortiz y trasladó a Bruselas la existencia de «irregularidades» en la instrucción y el juicio que, según esa aportación, habrían contribuido a generar una percepción de «influencia real de la política en el sistema judicial español» y a incrementar la percepción de «falta de independencia del Tribunal Supremo».
Entre otras cuestiones, la Fiscalía se refirió a la restricción de la retransmisión del juicio (el tribunal no autorizó la emisión en directo de la vista ni su retransmisión por streaming), la difusión del fallo antes de la notificación de la sentencia íntegra, la difusión del sentido condenatorio del fallo antes de que se notificara la sentencia íntegra.
La resolución completa se notificó posteriormente, el 9 de diciembre, según las informaciones citadas sobre la aportación de la Fiscalía.
También se refirió la participación de magistrados del tribunal en actividades de formación organizadas por el Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejercía la acusación popular en el procedimiento; y a las relaciones académicas de uno de los magistrados con abogados de las acusaciones.
Cuestionó aspectos de la coherencia jurídica de la resolución y recordó, por último, que la sentencia condenatoria había sido impugnada ante el Tribunal Constitucional por considerar vulnerados derechos fundamentales de García Ortiz.
Bruselas no podía revisar la sentencia
Aquí reside una de las claves.
El Informe sobre el Estado de Derecho no constituye una instancia jurisdiccional europea ni permite a la Comisión revisar una sentencia del Tribunal Supremo.
Para combatir la condena estaban los mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico español. Y la Fiscalía los utilizó.
Precisamente por eso cabe preguntarse qué finalidad adicional perseguía introducir esas circunstancias en un procedimiento europeo destinado a examinar, entre otros aspectos, el funcionamiento y la independencia de los sistemas judiciales nacionales.
No existe ningún elemento público que permita afirmar que Peramato pretendiera obtener una censura de Bruselas contra el Tribunal Supremo.
Pero sí resulta legítimo preguntarse si la Fiscalía buscaba simplemente proporcionar información completa o pretendía que esas circunstancias fueran ponderadas por la Comisión Europea al evaluar la situación del Estado de Derecho en España.
Son dos cosas diferentes.
La paradoja del artículo 124 de la Constitución
La controversia adquiere además una dimensión constitucional especialmente sensible.
El artículo 124 de la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público.
Pero también le atribuye expresamente la función de «velar por la independencia de los Tribunales».
Ahí aparece una cuestión difícil de soslayar: ¿dónde termina la obligación de la Fiscalía de denunciar las vulneraciones de derechos que considera producidas durante un procedimiento y dónde comienza su responsabilidad institucional de preservar la independencia de los tribunales?
Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando esas objeciones se trasladan a una institución europea dentro de un mecanismo destinado precisamente a evaluar el Estado de Derecho?
La cuestión ha provocado incluso una reacción dentro de la carrera fiscal.
La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, ha pedido explicaciones a Peramato para conocer, entre otras cuestiones, cuál fue la finalidad de incluir esas consideraciones en la aportación remitida a la Comisión Europea.
Perelló tendrá delante el problema
Ese es el escenario en el que Isabel Perelló pronunciará su discurso de apertura del Año Judicial.
Como presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, una de sus principales responsabilidades institucionales consiste en defender la independencia de los jueces.
Y esta vez los magistrados cuya actuación ha quedado bajo el foco no pertenecen a cualquier tribunal.
Son sus compañeros del Tribunal Supremo y, más concretamente, magistrados de la Sala de lo Penal.
Además, Teresa Peramato estará presente en el mismo acto ante el Rey Felipe VI.
Una representa a la institución que trasladó a Bruselas las objeciones sobre el procedimiento.
La otra preside el tribunal que juzgó a García Ortiz.
Defender a los jueces no supone defender la sentencia
Perelló dispone, sin embargo, de un terreno institucional perfectamente delimitado.
No necesita defender jurídicamente la sentencia contra García Ortiz ni pronunciarse sobre si la mayoría de la Sala Segunda acertó al condenarlo.
La propia resolución demuestra que existió una importante controversia jurídica. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo formularon votos particulares defendiendo la absolución.
Pero ahí está precisamente la diferencia.
Una sentencia puede ser discutida, criticada, recurrida e incluso anulada posteriormente sin que ello signifique que los magistrados que la dictaron carecieran de independencia o actuaran condicionados políticamente.
Esa distinción puede convertirse en una de las claves del discurso de Perelló: una cosa es cuestionar jurídicamente una resolución y otra cuestionar la independencia de quienes la dictaron.
Perelló ya ha marcado esa línea
La presidenta del Supremo ya ha defendido ese principio anteriormente.
En la apertura del Año Judicial de 2025 calificó de «inoportunas y rechazables» determinadas descalificaciones dirigidas contra la Justicia desde los poderes públicos.
Y en junio de este año expresó su «absoluto respaldo» a los integrantes de la carrera judicial sometidos a presiones incompatibles con el ejercicio independiente de su función.
Ahora esa doctrina institucional adquiere una dimensión mucho más cercana.
No se trata únicamente de responder a declaraciones políticas contra determinados jueces. Se trata de una controversia entre dos instituciones esenciales del sistema judicial español.
Peramato estará sentada al lado de la presidenta del Supremo
La imagen del próximo 10 de septiembre tendrá inevitablemente una enorme carga institucional.
Peramato intervendrá como fiscal general del Estado y Perelló como presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ.
No sería necesario que ninguna mencionara expresamente a García Ortiz para que la controversia estuviera presente.
Cualquier referencia de Peramato a los derechos fundamentales, la independencia judicial o el Ministerio Fiscal podrá interpretarse a la luz de lo comunicado a Bruselas.
Y cualquier advertencia de Perelló sobre las descalificaciones contra los jueces, el respeto a las resoluciones o el daño que supone cuestionar la independencia judicial tendrá exactamente la misma lectura.
El equilibrio para la presidenta del Supremo será particularmente delicado: preservar las relaciones institucionales con la Fiscalía y, simultáneamente, defender a los magistrados del tribunal que preside frente a cualquier cuestionamiento injustificado de su independencia.
Puede hacerlo sin entrar en el fondo de la sentencia y sin mencionar a Peramato.
Pero existe una pregunta que difícilmente desaparecerá del escenario institucional.
La discrepancia de la Fiscalía con la condena de García Ortiz es perfectamente comprensible dentro del funcionamiento del sistema judicial.
Lo extraordinario es que determinadas objeciones sobre el procedimiento fueran trasladadas al mecanismo mediante el cual la Comisión Europea examina el Estado de Derecho en España.
Y mientras Teresa Peramato no explique inequívocamente cuál fue la finalidad de hacerlo, la pregunta seguirá abierta: ¿qué buscaba exactamente la Fiscalía General del Estado llevando el caso García Ortiz a Bruselas?
