Otros dos condenados por la agresión de Alsasua, trasladados a Álava y Pamplona

Otros de los ocho condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016 que se encontraban en cárceles de Madrid han sido trasladados a las cárceles de Zaballa (Álava) y Pamplona, han informado fuentes penitenciarias.

Se trata de Aratz Urrizola y Adur Ramírez.

Urrizola ha ingresado ya en la cárcel de Zaballa, trasladado desde la prisión de Soto del Real. Adur Ramírez ingresará a lo largo de la jornada en la de Pamplona; se encontraba en la prisión de Aranjuez.

Ambos fueron sentenciados a 9 años de prisión por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

El pasado 24 de agosto también fueron trasladados a la cárcel de Zaballa Jon Ander Cob y Julen Goicoechea, condenados igualmente a 9 años. Ambos estaban presos en cárcel madrileña de Soto del Real.

CINCO DE LOS OCHO CONDENADOS HAN SIDO YA TRASLADADOS

Cinco de los siete han sido ya trasladados desde Madrid, donde aún se encuentran Ohian Arnanz y Jokin Unamuno, los dos condenados del grupo a quienes se les impusieron las penas más altas, 13 y 12 años de prisión, respectivamente.

Ainara Urquijo, también encausada, no irá a la cárcel porque fue condenada a dos años y no tiene antecedentes.

La sentencia fue dictada el pasado 1 de junio. Cuatro días después, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el inmediato ingreso en prisión de Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, cuatro de los ocho condenados por la agresión de Alsasua (Navarra) que continuaban en libertad provisional.

Ohian Arnanz, Adur Ramírez y Jokin Unamuno ya estaban en prisión preventiva desde que fueron detenidos a finales de 2016.

La sentencia suscitó polémica porque si bien la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entiende que lo ocurrido “no se trató, sin más, de un simple altercado o, como se dice vulgarmente, de una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión”, no constituyó un delito de terrorismo como sostenía el Ministerio Fiscal.

La Fiscalía pedía para los ocho acusados penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por delitos de lesiones y amenazas terroristas. Finalmente, la Sección Primera de la Sala de lo Penal les condenó a entre 2 y 13 años por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el fallo ante la Sala de Apelaciones, al entender que los hechos sí deben ser calificados como terrorismo, según han informado fuentes jurídicas.

Sostiene que, conforme defendió el fiscal José Perals, “se trató de un ataque premeditado y con una finalidad clara, demostrar que quien manda en Alsasua es el ‘pensamiento único’ y excluyente de determinadas personas que tienen secuestrada y atemorizada a parte de una población que no piensa como ellos”.