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La demanda civil que el expresidente de la Generalitat Catalana Carles Puigdemont y cuatro consejeros fugados han interpuesto en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, gira en torno a unas declaraciones del magistrado que se habrían falseado en la traducción.

La ministra de Justicia ha negado hoy que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez Llarena frente a la demanda civil que los políticos separatistas fugados han presentado contra él en Bélgica, y ha asegurado que el Ejecutivo le defenderá "hasta las últimas consecuencias".