Carles Puigdemont dice ahora que informará al tribunal belga del "error" en las declaraciones de Llarena que cita su demanda contra él.
La demanda contra el juez Llarena parte de unas declaraciones falseadas
Un profesor de francés ha destapado la alteración de las declaraciones del magistrado
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28/8/2018 10:44
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Actualizado: 28/8/2018 13:44
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La demanda civil que el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro consejeros fugados han interpuesto en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, gira en torno a unas declaraciones del magistrado que se habrían falseado en la traducción.
El magistrado no dijo durante su canutazo el pasado 22 de febrero en Oviedo que los investigados por el ‘procés’ fuesen culpables, una supuesta afirmación que motiva la demanda de los separatistas.
Lo que dijo Llarena fue: «No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados».
Sin embargo, la demanda recoge lo siguiente (en francés): «Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados» («Peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête»).
La alteración de las declaraciones del juez del Alto Tribunal ha sido puesta al descubierto por un profesor de francés hispanohablante que ha alertado en las redes sociales de la disonancia entre las declaraciones reales, grabadas en vídeo, y las recogidas en la demanda civil.
Como ha informado Confilegal, el objetivo de la demanda en Bélgica es apartar a Llarena de la instrucción del ‘Caso procés’, según admitió abiertamente Gonzalo Boyé, abogado del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont, en el programa “La nit a 8tv”, de la cadena privada 8tv.
PUIGDEMONT DICE AHORA QUE INFORMARÁ AL TRIBUNAL BELGA DEL ‘ERROR’
Por su parte, Gonzalo Boye ha indicado hoy que informará al tribunal belga del «error» en la traducción al francés de las declaraciones del magistrado.
El coordinador de la defensa de los políticos independentistas encausados en el ‘procés’ ha negado taxativamente que exista cualquier «alteración» y ha apuntado que, en todo caso, «puede ser un error del traductor».
«Se lo vamos a preguntar al traductor y se lo vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda», ha asegurado.
Para el abogado, hay «un exceso de nerviosismo y de patrioterismo» porque «no se está leyendo bien el tema» ya que, según asegura, el juez Llarena dice en esas declaraciones «bastante más de lo que se está contando» y que se resume a un matiz en el sentido de la frase: Mientras él utilizó el condicional para referirse a los encausados, en la denuncia presentada afirma que cometieron los delitos de los que estaba hablando.
EL PP VE ‘PREOCUPANTE’ QUE EL GOBIERNO NO LO DETECTARA
Las reacciones no han tardado en llegar. El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, considera «preocupante» que el Gobierno no haya detectado que la demanda parte de unas declaraciones falseadas en la traducción.
Así lo ha expresado hoy en una entrevista en RNE, donde ha señalado que si quienes critican que el Estado, finalmente, vaya a defender a Llarena en Bélgica seguirán haciéndolo tras conocer esta manipulación.
«Me gustaría saber si Podemos y PNV tienen el cuajo político de seguir diciendo que no hay que apoyar a Llarena después de saber que la querella ha sido falseada», ha expresado Maroto.
Para el popular, la decisión del Gobierno de defender a Llarena respecto a esta demanda «después de que emitiera un comunicado en el que apuntaba que no lo haría corresponde a otro bandazo del Ejecutivo».
SÁNCHEZ SOSTIENE QUE LA DEMANDA CONTRA LLARENA ‘ES UNA CUESTIÓN DE ESTADO’
«La demanda civil interpuesta contra el juez instructor del ‘procés’ «no es una cuestión privada, sino de Estado». Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentado Sánchez zanjar la polémica abierta por el cambio de discurso por parte del Gobierno en torno a este asunto.
Ha hecho estas declaraciones preguntado al respecto en la rueda de prensa conjunta con el presidente chileno, Sebastián Piñera.
Cabe recordar que la semana pasada, el Ejecutivo diferenciaba de forma expresa entre la defensa de la jurisdicción española y la personal del juez, a quien decía no podía representar por actos privados.
Después, el pasado domingo por la tarde lanzó un comunicado en el que informó de que ha puesto en marcha “todos los mecanismos necesarios” para defender la soberanía jurisdiccional española, “en la que está inmerso el juez Llarena”, en la demanda presentada en Bélgica por los investigados por el procés huidos contra el magistrado. Uno de esos mecanismos, según el Ejecutivo, es “la contratación de un despacho de abogados de ese país”, algo que espera culminar “en breve”.
La decisión partió del presidente del Gobierno a la vista del cariz que habían tomado los acontecimientos, con 6 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales -salvo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia- criticando duramente la decisión de la ministra de Justicia-refrendada por la vicepresidenta, Carmen Calvo- de no procurar representación legal al magistrado.
Una crítica que también ha sido compartida por magistrados del Alto Tribunal, vocales del Consejo General del Poder Judicial, que ampararon a Llarena mediante acuerdo, y por buena parte de la carrera judicial y fiscal.
Preguntado sobre si el Gobierno estaba rectificando, Pedro Sánchez ha dicho que «el Gobierno escucha y lo que ha hecho ha sido atender desde el primer momento los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial».
Ha expresado que en función de cómo se iban produciendo esos requerimientos, el Ejecutivo los ha ido atendiendo «siempre de manera positiva».
«No es una cuestión de defender a un juez u otro con nombre y apellidos, sino que es una cuestión de que el Estado tiene que defender su soberanía jurisdiccional cuando ésta se ve puesta en cuestión», ha zanjado.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, también negó ayer que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez Llarena frente a la demanda civil que los políticos separatistas fugados han presentado contra él, y señaló que el Ejecutivo le defenderá “hasta las últimas consecuencias”.
QUERELLA DE VOX Y PNL DE CIUDADANOS
Por su parte, VOX, que ejerce como acusación popular en el Supremo en el juicio contra los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre, presentó el pasado domingo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella contra la ministra.
La acusa de presunta prevaricación y denegación de auxilio por “negarse” a defender al magistrado “a tenor de la nota de prensa del Ministerio del pasado jueves y la comparecencia de la vicepresidenta, Carmen Calvo, el viernes afirmando que no defenderían” al juez por sus declaraciones durante un canutazo el pasado febrero en Oviedo, objeto de la demanda interpuesta por el expresidente catalán Carles Puigdemont y los otro cuatro exconsejeros huidos, y que “no han sido rectificadas posteriormente por ningún miembro del Gobierno”.
Ciudadanos registró ayer una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno que “de forma inmediata articule una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, de sus principios de integridad e inmunidad jurisdiccional frente a la demanda presentada por parte del prófugo expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont” y otros cuatro políticos separatistas huidos.
Además, en la proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Confilegal, exige al Ejecutivo que dé cumplimiento a las medidas solicitadas desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordando la urgente e inmediata personación en éste procedimiento contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, “ante la indefensión y el acoso independentista a la jurisdicción española en el extranjero”.
Ciudadanos ha pedido las comparecencias en el Congreso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
El PP también registró ayer una petición de comparecencia urgente de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que explique la actuación de su departamento ante la situación del juez. También ha registrado una moción en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, de respaldo a Llarena.
Hoy, al mediodía, ha pedido la dimisión de Delgado.
El PP PIDE A LA FISCALÍA QUE ESTUDIE SI CABE PRESENTAR UNA DEMANDA CONTRA EL TRIBUNAL BELGA
Asimismo, el presidente del PP, Pablo Casado, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que estudie si cabe presentar una querella contra el juzgado belga que estudia la demanda de Puigdemont, por «inmiscuirse en la integridad y en la inmunidad de la jurisdicción española».
Hizo estas declaraciones ayer antes de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.
El líder del PP reclamó que se estudie también esta posibilidad porque la causa abierta en ese juzgado belga es una «afrenta» a todo el Poder Judicial español.
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