El motivo principal de la demanda presentada por los 5 políticos fugados ante la justicia belga es apartar al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de la instrucción de la causa del «procés». Así lo admitió abiertamente Gonzalo Boyé, abogado del expresidente autonómico catalán, Carles Puigdemont, en el programa «La nit a 8tv», de la cadena privada 8tv, la cual se emite en Cataluña.
«La acción nuestra es una acción civil. Y el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su apartado octavo, como causa de recusación o abstención el tener pleito pendiente con alguna de las partes. Aquí lo tiene con 5 de las partes. Es una causa objetiva de recusación y, por supuesto, creemos que si se quiere preservar al menos las formas, evidentemente se tendrá que apartar al juez Llarena de esta instrucción«, declaró Boyé durante la entrevista telefónica que le hizo Ramón Rovira, el presentador de esta espacio informativo el pasado 5 de junio.
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De acuerdo con Boyé, «El juez Llarena viene violando los drechos de nuestros clientes desde que se hizo cargo de esta causa, concretamente del derecho a la presunción de inocencia, a un juez imparcial, a un proceso con las debidas garantías, y el resultado de eso ha sido la retirada de la demanda de extradición cuando la íbamos a ganar, como, en este caso, la presentación de una nueva sobre unos hechos que, evidentemente, en un país democrático son constitutivos de delito».
El abogado de Puigdemont añadió que habían interpuesto la demanda «en base a las propias manifestaciones que realizó el juez Llarena en Oviedo, fuera del proceso. Él se permitió, en una conferencia, hablar de nuestros defendidos, y reflejar cuál es su sentimiento íntimo a la hora de tomar las decisiones con las que los ha ido persiguiendo».
Las declaraciones que impulsaron la demanda contra el magistrado Llarena fueron estas: “Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que sin embargo, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados. Restringir la libertad de una persona sin que se haya declarado todavía culpable, en la eventualidad de que esto se produzca, y exclusivamente durante el tiempo en que se lleva una investigación, tiene que restringirse lo máximo posible. Por esto la decisión es tratar de terminar la investigación cuanto antes y regularizar la situación de los investigados en su propio interés y en el interés de toda la opinión pública y de toda la ciudadanía española tambien cuanto antes”.
No fueron realizadas en el marco de una conferencia sino que son fruto de un un “canutazo” con periodistas, el pasado 22 de febrero, en Oviedo, tras la celebración de una mesa redonda sobre los delitos económicos y la responsabilidad penal de las empresas organizada por Autosa BMW.
¿POR QUÉ PRESENTARON LA DEMANDA EN BÉLGICA?
Boyé explica al programa que presentaron la demanda en Bélgica porque es donde se inició «la gestación de todos los daños» donde «los miembros del gobierno cesado tienen su residencia habitual, donde ha salido a la luz. Y no íbamos a regar Europa de demandas».
«Lo hemos hecho ahí porque la legislación europea, que es la que no se está respetando en España, evidentemente, nos lo permite», añadió.
«Este caso va por unos derroteros inadmisibles desde una perspectiva de un estado de derecho. Y hay que exigirle sus responsabilidades. Nosotros confiamos en que comparezca el 4 de septiembre en Bélgica«, concluyó.
