La justicia refuerza la protección del honor y la intimidad frente a nuevas amenazas como los deepfakes y establece un marco legal para supervisar y controlar el uso de la inteligencia artificial en España.
Los jueces advierten de que la falta de concreción de los créditos en la solicitud o en la lista de acreedores “puede ser causa de no exoneración” en el momento procesal oportuno.
