El TSXG destaca que este cambio, aunque fuese temporal, supondría "una intromisión de otras administraciones públicas en espacios destinados a la actividad judicial".
La PCIJ denuncia que la reforma legislativa que pretende facultar al Consejo para nombrar a dos miembros del TC es una maniobra para facilitar el control del Ejecutivo sobre el máximo intérprete de la Constitución.
