La AF denuncia que la Comisión de Ética Fiscal sigue sin constituirse seis meses después de la fecha prevista
Y de ese decreto se desprende que el miembro externo debe ser elegido por los miembros fiscales de la Comisión, con lo cual, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, manifiesta que "ese proceso tildado de transparente que Delgado puso en marcha no ha servido para nada, solamente para dilatar la constitución de este órgano".

La AF denuncia que la Comisión de Ética Fiscal sigue sin constituirse seis meses después de la fecha prevista

Recuerda que Delgado suspendió 'sine die' la constitución de este órgano atribuyéndose la selección del miembro externo -académico-, decisión que recurrió la AF, ante lo que la fiscal general dictó un nuevo decreto el pasado 12 de julio alzando la suspensión del plazo
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26/7/2022 10:58
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Actualizado: 26/7/2022 11:11
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La Asociación de Fiscales (AF)  denuncia que la constitución de la Comisión de Ética de la Carrera Fiscal, órgano independiente que marcará las pautas del Código Ético de los fiscales y que estará integrado por seis miembros de la Carrera y un académico, sigue sin constituirse seis meses después de la fecha prevista.

Se ha pronunciado así en un comunicado titulado «La Comisión de Ética Fiscal en el laberinto», publicado hoy.

La AF recuerda que el 17 de diciembre de 2021 fueron elegidos los seis fiscales que integrarán este órgano que tiene por objeto la interpretación del Código Ético del Ministerio Fiscal a través de la emisión de dictámenes e informes, de forma similar al órgano que ya existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Consuelo Madrigal, Vicente Garrido, Antonio Mateos, Marta Valcarce, Abelina Alia, y Diana Lanceros. La elección de los componentes de la misma se realizó mediante un procedimiento abierto a toda la Carrera, resultando los candidatos elegidos pertenecientes a la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la Carrera Fiscal.

Conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras del proceso electoral, antes de que terminara el 17 de enero de 2022 debió producirse la convocatoria para la constitución de la Comisión de Ética Fiscal. Al no hacerse, el 27 de enero la AF dirigió un escrito a la Junta Electoral instando a la convocatoria.

La AF destaca que según las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Ética Fiscal, la designación del miembro externo -académico- debería ser elegido por la Comisión en el acto de constitución, pero que el pasado 7 de febrero, la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto acordando la suspensión ‘sine die’ del plazo establecido para la constitución de la Comisión alegando que había que proceder a la elección del miembro externo, para lo que diseñaría un sistema de selección. Decreto que concluyó señalando que contra el mismo no cabía recurso alguno.

Sin embargo, la AF recurrió la decisión de la fiscal general ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El 28 de marzo interpuso un recurso contencioso-administrativo contra dicho decreto. Según señaló entonces a Confilegal la presidenta de la AF, Cristina Dexeus Ferrer, «con aquella decisión, Delgado se atribuía para el proceso de selección del miembro externo, que debería ser elegido por dicha Comisión, según las reglas de funcionamiento, teniendo en cuenta el deber de imparcialidad que debe ostentar la fiscal general que no debería interferir directa o indirectamente en este procedimiento porque que la Comisión de Ética es un órgano independiente de la Fiscalía General».

La AF relata en el comunicado que el TSJ requirió el pasado 6 de abril a la Fiscalía General la remisión del expediente administrativo marco del decreto impugnado, y que éste finalmente tuvo entrada en el órgano judicial el 3 de mayo.

La AF formalizó su demanda el 1 de junio reclamando la anulación del decreto y que se ordenara la inmediata constitución de la Comisión de Ética Fiscal. Según expone, el TSJ dio traslado de la demanda a la Abogacía del Estado, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

NUEVO DECRETO DE DELGADO SEÑALANDO QUE CORRESPONDE A LOS MIEMBROS FISCALES ELEGIR AL ACADÉMICO

Añade que el pasado 11 de julio, Delgado dictó un nuevo decreto acordando alzar la suspensión del plazo para la constitución de la Comisión y que el acuerdo está precedido de un párrafo que «lleva implícito el reconocimiento de la inutilidad del proceso» impulsado por la fiscal general del Estado al afirmar que los miembros fiscales de la Comisión deberán designar al miembro no fiscal sin que se encuentren vinculados por la existencia de una única candidatura con sujeción a lo establecido en el referido artículo de las Reglas de Organización y Funcionamiento.

Esto es, que corresponde a los miembros fiscales de la Comisión la presentación de candidatos no fiscales en la reunión constitutiva de la misma para su designación por mayoría de sus componentes y, por tanto, «volvemos a estar donde estábamos el pasado 27 de enero», apunta la Asociación de Fiscales.

Esta asociación considera que únicamente la existencia de un procedimiento contencioso-administrativo impulsó a la exfiscal general a alzar la suspensión del plazo.

El pasado 22 de julio, la Asociación de Fiscales amplió el objeto del procedimiento ordinario 480/2022 con el fin de «conocer la verdadera naturaleza y sustanciación de ese proceso público» que ha determinado que el Ministerio Fiscal no cuente aún con la Comisión de Ética Fiscal a la vista de las «importantes dudas» que deja el decreto de 11 de julio.

SÓLO UNA PERSONA SE HABÍA MOSTRADO INTERESADA EN FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN COMO MIEMBRO EXTERNO

Según explica, del considerando cuarto de dicho decreto se desprende que el pasado 31 de mayo, el fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, se dirigió formalmente a los decanos de Filosofía del Derecho de las universidades públicas para que «diesen traslado a aquellas personas que, cumpliendo los requisitos previamente señalados, estuviesen interesadas en formar parte de la Comisión de Ética del Ministerio Fiscal”.

«Así pues, sabemos hoy que se tardó casi tres meses en poner en marcha el proceso inspirado en los principios de transparencia, publicidad y participación que justificaba, según el Decreto de 7 de febrero, la suspensión de plazo de constitución de la Comisión de Ética», y que se hizo después de que la Fiscalía remitiera al TSJ de Madrid el expediente administrativo, señala la AF.

Pero añade que del proceso en sí, siguen sin saber nada, excepto que solo una Universidad ha presentado una candidatura: la Universidad Española de Educación a Distancia. En la AF no dan crédito a que solo una persona perteneciente al ámbito académico de la Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral en toda España esté interesada en integrar la Comisión de Ética Fiscal. Indica que quizás esto se debe a que los decanos de Filosofía del Derecho a los que se dirigió Ortiz «no existen como categoría propia».

La AF manifiesta que cabe preguntarse entonces a quién se dirigió el fiscal jefe de la Secretaría Técnica y futuro fiscal general, para a continuación hacerse otra pregunta: Qué requisitos se pidieron.

Según informa, la única persona que se ha mostrado interesada en formar parte de la Comisión de Ética Fiscal es Amelia Valcárcel Bernardo de Quirós, «de indiscutida formación y valía profesional como acreditan su larga trayectoria y público reconocimiento y de la que es expresión su cátedra en Filosofía Moral y Política de la UNED».

La AF señala que «la ponderación de sus muchos méritos profesionales la han llevado también a ser miembro del Consejo de Estado», máximo órgano consultivo del Gobierno de España, que tiene tres clases de miembros: los permanentes, los natos y los electivos. Valcárcel forma parte de estos últimos desde 2006.

Ahora bien, esta asociación también pone el foco en que su último nombramiento, dado que el cargo de consejero electivo tiene una duración temporal (de cuatro u ocho años artículo 9.1 y 2), se produjo por Real Decreto 1305/2018, de 22 de octubre, a propuesta del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y previa deliberación del Consejo de Ministros del que formaba parte Delgado como ministra de Justicia.

Pero es que, además, agrega, Delgado era también miembro del Consejo de Estado, en su caso, como miembro nato por ostentar el cargo de fiscal general del Estado, un puesto en el máximo órgano consultivo del Gobierno que será ahora ocupado por García Ortiz.

Como la elección del miembro externo corresponde a los fiscales pertenecientes a la Comisión de Ética, serán ellos quienes definitivamente elijan al académico, pudiendo presentar otros candidatos.

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