El acuerdo, según fuentes jurídicas consultadas, supone el regreso al Pacto por la Justicia de 2001, suscrito por PSOE y PP y la liquidación del sistema presidencialista establecido en 2013.
Lo que surgió como una forma de economía colaborativa "se ha convertido en causa de la subida del precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, la expulsión de la población local del centro de las ciudades, generalmente personas ancianas, y la masificación y sobreexplotación turística.
