Está procesada por un presunto delito de desobediencia grave, mientras que a Jové y Salvadó también se les atribuyen los presuntos delitos de prevaricación y malversación, ha informado el TSJC.
Considera que el precepto incluido en la Ley de Educación de 2020 puede infringir varios artículos de la Constitución y ocasionar “un trato discriminatorio” a estos centros.
