La organización EPA solicita que el Defensor del Pueblo europeo reconozca que la CE ha vulnerado su deber de control respecto a la denuncia contra el Reino de España, donde, afirman, las medidas legales aprobadas no han impedido que se sigan haciendo contratos temporales en el sector público de forma abusiva.
Asegura que "promocionar la transexualidad en menores de la edad legalmente requerida puede suponer un delito y, por tanto, no puede ser subvencionado".
