Archiva las diligencias preprocesales relativas a las comisiones de hasta 80 millones de euros presuntamente irregulares cobradas en relación con el AVE a La Meca.
Y de Jesús María Martín Blanco como director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos por no haber justificado el Gobierno la excepción a la regla de que sean funcionarios de carrera.
