Declara inconstitucionales y nulos por motivos competenciales los preceptos de la ley de caza de Castilla y León que permitían la caza del lobo al norte del Duero.
Mantiene la absolución por los asesinatos en Las Ramblas y Cambrils y rechaza la pretensión de algunas acusaciones de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.
