El SISEJ reclama a Justicia una moratoria parcial para implantar LexNET con «garantías»
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09/2/2016 11:04
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Actualizado: 12/4/2022 13:04
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El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) ha reclamado al Ministerio de Justicia que «con carácter urgente» impulse una disposición normativa que limite la obligatoriedad de presentación telemática a través de LexNET para abrir un periodo transitorio en el que este sistema de comunicación digital se implante con las «garantías adecuadas» en todos los órganos judiciales.
Según asegura Rafael Lafuente, portavoz de SISEJ, a Confilegal ellos «han reclamado una moratoria parcial, sobretodo, en aquellas Comunidades Autónomas donde no existe Lexnet, y no se ha podido aplicar adecuadamente como es el caso de Cataluña, Valencia o Madrid».
Por ejemplo, en esta última Comunidad, según Lafuente «en los juzgados sólo se ha proporcionado tarjeta habilitante para el uso de Lexnet a dos funcionarios por cada órgano, pero en muchos casos no es posible usarla por falta de un teclado con lector o bien porque el lector no funciona»
Y sostiene que la implantación de Lexnet se tendría que haber hecho «con consenso, sin la precipitación», porque «no creemos que exista ninguna Comunidad Autónoma que quiera abandonar el servicio público Justicia», afirma.
En un comunicado, SISEJ ha criticado el balance que hizo este lunes el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, a quien acusa de «falta de información coherente«. El sindicato de letrados ha asegurado que «el ‘papel cero’ es «un eslogan electoral» del Ministerio de Justicia
saliente que, a pocos meses de las elecciones generales, quiso poder mostrar algún avance».
El portavoz de SISEJ indica que «una decisión tan compleja, a la vez que necesaria, se pretenda implantar el 1 de enero de este año, cuando era sobradamente conocida la convocatoria de elecciones generales. En nuestra opinión este cambio debería realizarse por un equipo con capacidad de trabajar durante un margen razonable de tiempo».
Sin embargo, desde el sindicato de letrados de la Administración de Justicia aseguran que «los juzgados y oficinas gestionados por el Ministerio de Justicia han aumentado un 30% sus pedidos de suministro de papel».
«Lejos de poder hablar de papel cero, la realidad es que a partir del 1 de enero de 2016 -fecha en la que entró en vigor LexNET— se está imprimiendo más papel que nunca en las oficinas judiciales puesto que la presentación telemática de escritos no impide que deban incorporarse necesariamente al procedimiento», han explicado.
SISEJ ha censurado la «improvisación» del Departamento que dirige Rafael Catalá por la «falta de adecuación» de los medios informáticos a las necesidades derivadas del sistema telemático. También ha cuestionado la «falta de una adecuada formación e información» por parte de los usuarios de LexNET.
PROBLEMAS EN LAS CCAA
El sistema LexNET, argumenta SISEJ, se está implantando de forma «deficiente y desigual» según cada Comunidad Autónoma. «El Ministerio de Justicia eligió conscientemente un calendario precipitado y erróneo para implantar el sistema», ha sostenido.
Por este motivo, ha insistido en la necesidad de «establecer una moratoria para sincronizar la entrada en vigor» y asegurar que LexNET se aplica con garantías. SISEJ ha recordado que los jueces decanos también apostaron por una moratoria hasta que se solucionen las deficiencias, advirtiendo que «la improvisación y descoordinación provocaría graves disfunciones».
Por todo ello, desde SISEJ concluyen que «comparten la necesidad de avanzar hacia una verdadera administración telemática, pero entendemos que todo proyecto propagandístico que ignore la situación de partida de las distintas oficinas judiciales y no prevea el adecuado acompañamiento de los profesionales inmersos en el proceso, se aleja del objetivo de mejora del servicio público, y sólo dificulta un cambio ya de por sí complejo en cualquier organización y también en la Administración de Justicia».
Y además, proponen que el Ministerio de Justicia se impulse con carácter urgente una disposición normativa que limite la obligatoriedad de presentación telemática que impone la Ley 42/2015.
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