El 61,4 por ciento de las sentencias que se emitieron durante 2014 -o lo que es lo mismo, 3.672.572 fallos- no se ejecutan, según el séptimo Informe Observatorio de la Actividad de la Justicia elaborado por la Fundación Wolters Kluwer España y dirigido por el magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López.
Sólo fueron ejecutadas, por lo tanto, el 38,6 por ciento -1.418.215- de todas las sentencias emitidas a lo largo de 2014, que es el periodo que se ha cubierto para la elaboración de este estudio, partiendo de los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de autogobierno de los jueces.
Los datos hablan por sí mismos. La Justicia española no es nada eficaz a la hora de dar la última respuesta a los que ganan los procesos, si bien López matizó estás cifras: «Muchas sentencias no hay por qué ejecutarlas. Otras tienen una ejecución eterna, porque son de familia, que se mantienen en el tiempo. El diablo siempre está en los detalles y ese 61,4 por ciento no quiere decir que sus efectos no sean eficaces».
El Informe 2015 fue presentado ayer en el Ministerio de Justicia por el titular de la cartera, Rafael Catalá, la secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortés, la presidenta de Wolters Kluwer España, Rosalina Díaz, y Enrique López.
El director del Observatorio explicó que el informe abordaba diez indicadores, divididos en tres grandes grupos que miden la carga de trabajo de los tribunales, la confiabilidad de las sentencias de primera y segunda instancia y la celeridad de la respuesta judicial.
En el índice global de la actividad judicial, en una escala de cero a 100, la Justicia española aprueba con un 73,10, veinte décimas por encima del de 2013, con un 72,90.
López destacó como muy positivo «el aumento de la productividad de los jueces», a pesar de la desaparición progresiva de los jueces interinos.
SON NECESARIOS 124 NUEVOS JUECES
Por otra parte, según el Observatorio de la Actividad de la Justicia, actualmente la planta judicial está conformada por 5.335 jueces y magistrados. Son necesarios 124 más.
«Fíjense, cuando yo fui nombrado vocal del CGPJ se hablaba de que se necesitaban 1.500. Hoy esa necesidad se cifra en 124. Se ha recorrido un largo camino en la buena dirección para cubrir este déficit», explicó.
López hizo un gran hincapié en un factor de gran importancia: la confiabilidad de las sentencias de primera y, especialmente, de segunda instancia: «El 81,2 por ciento de los recursos de apelación hoy se confirman, lo que dice mucho de la calidad de las sentencias de los jueces españoles»
Sin embargo, no todas son buenas noticias. Como era de esperar, en celeridad, los órganos judiciales pinchan. O para ser más exactos, el 40,23 por ciento de los órganos judiciales resuelven los asuntos en un tiempo muy superior al deseable, mientras que el 59,01 cumplen en tiempo y forma.
Sobre el cumplimiento de los módulos judiciales, el Informe 2015 del Observatorio dice que el 75,01 por ciento de los jueces y magistrados, o lo que es decir, 4002, cumplen con su cometido, mientras que el 24,99 por ciento no lo hacen. De acuerdo con López, «en muchos casos esto es así porque no pueden llegar al módulo del Consejo». Y puso el ejemplo del Juzgado de lo Penal de Ávila que, por la ausencia de criminalidad, no puede cumplir con los objetivos del CGPJ.
BUEN DIAGNÓSTICO
Tras la exposición de López, tomó la palabra el ministro Catalá, que elogió el «buen diagnóstico» del Informe dirigido por López y afirmó que sus conclusiones deberían «mover a la reflexión» para mejorar aún mas el sistema judicial.
Catalá señaló la contradicción de que hayan disminuido las sentencias dictadas al mismo tiempo que aumenta la media de duración de los procesos.
La presentación se llevó a cabo en el Palacio de los condes de Parcent, en la calle San Bernardo, al mismo tiempo que en la Cámara Baja intervenía Pedro Sánchez, candidato a la Presidencia de Gobierno.
El ministro en funciones señaló que Sánchez, en relación a la Justicia, se había limitado a plantear una revisión de la limitación de los plazos de instrucción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el Gobierno del que forma parte, así como la eliminación de la prisión permanente revisable.
«En todo lo demás, parece que las reformas han contado con apoyo», remachó Catalá.
DESCARGAR INFORME:
