Ángel Juanes: «Sería conveniente que el Código Penal definiera un título sobre delitos de corrupción»
Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, en el centro, el 9 de enero de 2014, cuando tomó posesión, flanqueado por sus padrinos, José Luis Calvo Cabellos, a la izquierda, y Fernando Pignatelli Meca, los dos de la Sala de lo Militar, de donde procedía Juanes; observando, a la derecha, Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional. Foto: Confilegal.

Ángel Juanes: «Sería conveniente que el Código Penal definiera un título sobre delitos de corrupción»

|
23/10/2014 00:00
|
Actualizado: 26/12/2018 11:50
|

Ángel Juanes Peces comenzó su carrera en 1978 como juez en Badajoz. De allí pasó por distintos destinos como Mérida, San Sebastián, Cáceres y Badajoz. Más tarde fue magistrado de Trabajo en Sevilla, letrado del Constitucional y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En 2005 fue nombrado magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, donde permaneció hasta 2009. En esa fecha fue nombrado presidente de la Audiencia Nacional, cargo que ocupó hasta enero de 2014, cuando tomó posesión como vicepresidente del Tribunal Supremo, un cargo de nueva creación que Ángel Juanes afronta con mucha ilusión.

El cargo de vicepresidente del Tribunal Supremo es un cargo de nueva creación ¿podría resumirnos brevemente cuál es su cometido?

La respuesta no es fácil. Como ha dicho es un puesto nuevo que debe rellenarse de contenido día a día. Evidentemente, la Ley dice que sus funciones son sustituir al presidente y desempeñar las labores de coordinación de los servicios de los letrados y todas aquellas competencias que se deleguen.

Desde el principio, el presidente delegó una serie de competencias que van desde las relacionadas con la materia informática, las de biblioteca así como el impulso de las relaciones del Tribunal con ciertos organismos internacionales y otras varias. Podríamos resumirlo diciendo que es una labor de gestión interna del propio Tribunal.

Aquí, al Supremo llegan casos complicadísimos que en muchas ocasiones, por su complejidad, tardan mucho tiempo en resolverse y esto la gente no lo entiende. ¿Qué están haciendo para solucionarlo?

El Tribunal Supremo, en los últimos años, realmente ha dado un paso cualitativo importante en materia de agilización de procesos. Hoy se puede decir, con todas las cautelas, que está prácticamente al día. Esto se debe al trabajo de los magistrados y magistradas y al equipo de apoyo formado por letrados del Gabinete. Con ello se ha logrado agilizar los procesos resolviendo en plazos razonables.

En los últimos años, gracias a ese doble esfuerzo se puede decir que el Tribunal Supremo, dentro de los parámetros normales está prácticamente al día.

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»26274″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

Estamos hablando de una media de más de 11 meses en Civil, 6 meses en Penal, 15 en lo Contencioso, 10 en Social… ¿Son tiempos razonables?

Son plazos razonables para el contexto y las circunstancias de los casos que resuelve el Tribunal Supremo. Lo ideal sería que se tardara menos, pero eso no es no tan fácil. Yo creo que se ha hecho un notable esfuerzo y es de justicia destacarlo.

El ministro Catalá anunció el miércoles en el Congreso de los Diputados que finalmente se va a introducir la segunda instancia en España. ¿Significa eso que los aforados van a poder apelar? ¿Lo ve razonable (caso Garzón)?

Habría que ver en qué sentido lo dijo. Diversos magistrados de la Sala Segunda (la de lo Penal) me han comentado que una de las necesidades más perentorias de la justicia española es el establecimiento de la doble instancia. Especialmente aquí, en el Supremo. Eso es un sentimiento unánime. La sala de Gobierno en su informe del anteproyecto de la Ley de Poder Judicial también lo hizo constar.

Usted viene de la Audiencia Nacional, uno de los grandes centros mediáticos de la Justicia, ¿esto es más fácil o más difícil de gestionar?

En la vida no hay cosas fáciles ni difíciles, en la vida hay cosas distintas. Es por todos sabido que los asuntos de la Audiencia Nacional tienen una gran repercusión mediática. El Tribunal Supremo, por su parte, es el más Alto Tribunal del Estado y, como tal, presenta unas características y connotaciones diferentes pero también de suma importancia e interés para la sociedad.

Rafael de Mendizábal suele decir que el Supremo es el barco almirante de la Justicia pero que el portaaviones es, sin duda, la Audiencia Nacional. ¿Comparte usted esa visión?

Cuando yo llegué a la Audiencia Nacional tenía algunas deficiencias, y gracias a la colaboración de los ministros Caamaño y Ruiz Gallardón la Audiencia Nacional ha dado pasos muy importantes hacia su modernización. La Audiencia hoy en día es un tribunal moderno.

El Tribunal Supremo tiene otras peculiaridades, aquí también tienen que darse pasos importantes en cuanto a la informática y a las nuevas tecnología. Y en eso estamos trabajando, pero son realidades distintas. La Audiencia nacional es un tribunal más especializado en materias como la cooperación jurídica, el terrorismo o la delincuencia económica. Mientras que el Tribunal Supremo conoce de recursos de casación y unifica la doctrina de los tribunales.

Usted ha dicho en más de una ocasión refiriéndose a la consulta soberanista en Cataluña, que se atiene a la sentencia del Tribunal Constitucional, y que «hay un problema político y eso tendrá que resolverse con arreglo a criterios políticos”, ¿parece que le están haciendo caso?

Sobre esto yo tengo que hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, que el cumplimiento de las leyes nos hace libres. El incumplimiento nos lleva a tierra de nadie. Dicho esto, yo como ciudadano estoy absolutamente preocupado con el tema de Cataluña. Creo que tenemos un problema muy serio, con incidencias en multitud de aspectos. Y que tiene un aspecto jurídico, como ya ha fijado el Constitucional, pero tiene un aspecto político donde hay que encontrar soluciones.

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»26275″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

Presente y pasado, pero siempre con buenas vibraciones. Sobre estas líneas el actual presidente de la Junta de Extremadura, el popular José Antonio Monago. Debajo, el ex presidente socialista de su región, José Antonio Rodríguez Ibarra. Ambos estuvieron presentes en su toma de posesión, que tuvo lugar el pasado 14 de enero. 

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»26277″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

«LA CORRUPCIÓN ES UNO DE LOS PROBLEMAS QUE MÁS PREOCUPA A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA»

En los discursos de la última apertura de Tribunales se incidió mucho en el efecto dañino de la corrupción sobre la justicia ¿qué se puede hacer desde la justicia para mejorar esta imagen, además de seguir trabajando duro como hasta ahora?

La corrupción es uno de los problemas que más preocupa a la sociedad española. Esto lo estamos viendo el día a día. Sin embargo, tengo que decir que la lacra de la corrupción no se va a acabar solo con la actuación judicial y policial. Es un problema social. La sociedad española está cada día más sensibilizada y esto junto con la actuación judicial y policial es el camino para intentar erradicarla.

Hay que transmitir el mensaje a la sociedad de que la Judicatura está muy sensibilizada con el problema y estamos actuando sobre él, eso sí siempre dentro de la legalidad.

También habría que delimitar muy bien qué se entiende por corrupción. Es necesario que el Código Penal, por ejemplo, tuviese un título sobre “delitos de corrupción”. Es decir, una tipología entera. No como ahora donde no está muy definido y mucha gente equipara delitos económicos con corrupción.

Como punto de partida sería conveniente que el Código Penal definiera un título sobre delitos de corrupción, se aumentaran las penas y tuvieran un tratamiento específico. También sería deseable acelerar los procesos. Una de las cosas que más preocupan a la sociedad es que los procesos se dilatan.

La ciudadanía cree, a la vista de las investigaciones largas, que el que hace la ley hace la trampa. ¿Está usted de acuerdo?

Los procesos de corrupción tardan mucho porque son causas muy complejas, difíciles de investigar. Para que se haga una idea, en el Audiencia Nacional, por ejemplo, en algunos procesos puede haber entre 30 y 40 comisiones rogatorias. Además hay muchos países implicados. Por eso, la cooperación jurídica en esta materia es fundamental. Lo que agilizaría mucho todas estas causas sería suprimir los paraísos fiscales.

Lo que se puede hacer para mejorar esto es reforzar los juzgados que instruyen delitos de corrupción. El Consejo General del Poder Judicial está haciendo planes en este sentido, y adscribir a los juzgados especializados peritos dependientes de los propios tribunales. Esto agilizaría algo los procesos.

El ministro Catalá anunció también que introduciría modificaciones en la LECRIM para hacer más difícil los macroprocesos, incluyendo la limitación del tiempo de instrucción. ¿Cuál es su opinión?

La Ley Enjuiciamiento Criminal ya establece plazos en el sumario. Como meta me parece bien, pero la realidad es que cuando tienes que solicitar comisiones rogatorias al extranjero los plazos ya no los marcan los jueces españoles.

«HAY QUE APLICAR LAS LEYES CON RIGOR, DE ACUERDO CON LA LEGALIDAD»

Usted se ha referido en varias ocasiones a “la pena del telediario”, sin embargo, ¿no cree usted que es peor la inacción de la Justicia ante casos sangrantes, de personas que se lo han llevado crudo y que no se ha hecho nada contra ellos?

No podemos perder la perspectiva de que estamos en un estado de derecho y que hay que investigar lo más pronto posible y que tenemos que ser muy sensibles al problema de la corrupción. Hay que aplicar las leyes con rigor, de acuerdo con la legalidad vigente. Eso sí, siempre con las garantías que establece el estado del Derecho.

El mayor delincuente del mundo, pese a la alarma social que se haya producido, tiene  derecho a un debido proceso.

Usted también ha comentado en alguna ocasión que le parece «excesivo» de aforados en nuestro país y se muestra partidario de reducirlo, ¿Por qué?

Siempre he dicho que los aforamientos deben responder a su función. Lo primero que hay que ver es qué se entiende por inviolabilidad, inmunidad y qué se entiende por aforamiento. Hay que decirle a la opinión pública que el aforamiento no significa impunidad. La persona que está aforada es juzgada por un tribunal concreto, dependiendo de su aforamiento, pero esto no significa que no sea juzgada. Aunque soy partidario de limitarlo a sus estrictos términos.

Por ejemplo, yo no soy partidario de suprimir la inviolabilidad de los parlamentarios, pero sí limitarla a su ámbito objetivo. Es decir que ejerzan con libertad su derecho de libertad de expresión. Esta inviolabilidad nació y surgió para defender esa libertad de expresión. Lo que ocurre es que surgió dentro de un ámbito concreto. El problema no es tanto el suprimir o no suprimir sino el delimitar. Me mantengo en esa idea, pero con esas precisiones.

Respecto al aforamiento de los jueces, es absolutamente necesario en lo que atañe al el ejercicio de su profesión. De no ser así, los jueces podrían estar expuestos a querellas infundadas de forma que su labor se viera entorpecida. Sin embargo, quiero aclarar que aforamiento no significa impunidad.

«HAY QUE DECIRLE A LA OPINIÓN PÚBLICA QUE EL AFORAMIENTO NO SIGNIFICA IMPUNIDAD»

El otro día, escuchábamos al ministro de Justicia Rafael Catalá, señalar cuáles iban a ser las líneas de su Ministerio en el año que queda e incidía en revisar la ley de Tasas, ¿cree que esta Ley ha perjudicado a los justiciables como insisten todos los operadores jurídicos?

Yo solo puedo limitarme aquí a la objetividad de los datos. Los datos indican que la litigiosidad ha disminuido. Eso es un hecho. Y también lo es que hoy en día litigar en España es más caro. Y todo esto tiene una incidencia. Ahora, de entrada, los ciudadanos se lo piensan más antes de recurrir.

El problema no es tanto de tasas sí, tasas no. El problema es que las tasas tienen que ser razonables. Algunos tribunales ya han planteado algunas cuestiones, pero no sobre la inconstitucionalidad de las tasas, sino sobre la racionalidad y la proporcionalidad de las mismas.

¿Cuáles son los retos del Supremo en los próximos años?

Como vicepresidente yo no tengo programas individuales, tengo programas colectivos.  Tengo objetivos compartidos: dotar al Tribunal Supremo de los mejores medios, -desde el punto de vista tecnológico-, una racionalización de la Oficina Judicial y, en general, potencia y transmitir a la sociedad el enorme trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo. Debemos contribuir a que se modernice el Tribunal Supremo sin que se pierda la tradición.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Mundo Judicial