López Madrid involucrado en una supuesta estafa de 5,6 millones de euros por la venta de la empresa Infoglobal
|
02/3/2015 00:00
|
Actualizado: 28/5/2018 16:28
|
Javier López Madrid y sus socios, Guillermo Mesonero Romanos y Alfonso Carcasona García han sido acusados de estafar supuestamente 5,6 millones de euros a Ignacio Comenge, Baldomero Falcones y Marcos Fernández Fermoselle por la venta fraudulenta del 30 por ciento de las acciones de Infoglobal, una empresa que tenía muy difícil su viabilidad futura.
López Madrid es consejero delegado del grupo Villar Mir. En 2014 se vio imputado por una mujer por un presunto delito de amenazas.
Por esa causa la magistrada Belén López Castrillo, titular del Juzgado de Instrucción 39, de Madrid, emitió un auto, de 12 de noviembre de 2014, en el que le impuso una orden de alejamiento a López Madrid de la mujer, doctora especialista en dermatología. Dicho auto no fue apelado ante la Audiencia Provincial, aunque sí en reforma, según fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La orden, por lo tanto, está en vigor.
Por otra parte, el citado Juzgado también investiga las lesiones sufridas por parte de la denunciante.
De acuerdo con la querella presentada por Adolfo Prego, de Prego Abogados, en representación de las empresas La Fuente Salada, S.L., de Comenge, Fomento y Expansión Empresarial, SCR de Régimen Simplificado, S.A., de Falcones, y Naropa Cartera, S.L., Unipersonal, de Fernández Fermoselle, López Madrid y sus dos socios maquillaron las cuentas de la empresa y ocultaron datos vitales sobre Infoglobal con el fin de deshacerse de sus acciones.
Lo que consideran que es un delito de estafa agravada de los artículos 6, 248.1, 249 y 250.5 del Código Penal.
En el verano de 2013 Infoglobal estaba en caída libre y era muy claro que su destino era el concurso de acreedores. El futuro estaba más que en entredicho.
López Madrid y sus socios poseían el 30 por ciento Infoglobal que vendieron, en julio de 2013, a Comenge, Falcones y Fernández Fermoselle.
Infoglobal había sido fundada en 1994. Era una compañía tecnológica puntera en sistemas avanzados de telecomunicaciones, control, video vigilancia y seguridad integral para complejas infraestructuras ciudadanas e industriales.
Esta compañía había suscrito, en marzo de 2012, un contrato en México con Homex Infraestructuras, S.A. de C.V., por un importe de 40,5 millones de euros. Homex es una de las grandes empresas constructoras mexicanas.
Homex estaba construyendo las prisiones de los estados de Morelos y Chiapas e Infoglobal se encargaría de la implementación de los sistemas de seguridad electrónica en ambas.
Sin embargo, en abril de 2013 Homex vendió el negocio de las cárceles, por 326 millones de euros, a Carlos Slim a través de dos sociedades de su propiedad: Grupo Financiero Inbursa y la constructora Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL).
Slim prescindió de los servicios de Infoglobal, lo cual supuso un revés para esta empresa ya que la pérdida de este cliente suponía el 65 por ciento de los ingresos de la empresa. Su viabilidad futura estaba, por lo tanto, en entredicho en el momento en el que los querellantes compraron las acciones, en julio de 2013.
“Es que es el desastre financiero engañosamente ocultado para estafar a los querellantes lo que determina el contenido defraudatorio de la acción”, dice en su escrito Adolfo Prego, socio director de Prego Abogados, representante de los querellantes.
“Esta ocultación defraudatoria se mantuvo durante las conversaciones en las que se propuso a los querellantes su adquisición: se continuó en la información suministrada al economista encargado de hacer una ‘due diligence’, provocándole errores de evaluación mediante la ocultación de datos gravemente negativos, sobre la situación económica de la empresa”, añade en letra de imprenta el magistrado en excedencia del Tribunal Supremo.
“Se repitió la ocultación en el informe de gestión que silenció por completo que la compañía había perdido a su principal cliente, que le representaba el 65 por ciento de sus ingresos totales y se mantuvo finalmente la ocultación en la propia escritura de venta de las acciones, al manifestar en ella, ya consumado el desastre financiero, que hasta ese momento nada había sucedido que afectara a su normal actividad económica o financiera, ni a sus actividades o cualquiera de sus negocios o proyectos”, sintetiza el abogado.
Comenge, Falcones y Fernández Fermoselle presentaron su querella el pasado 19 de septiembre ante los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
La misma recayó en el Juzgado de Instrucción 36, cuyo titular es Juan Antonio Toro Peña, quien, en un principio le dio un impulso importante para archivarlo provisionalmente después.
Sin embargo, la guerra está lejos de su final. Prego ha recurrido en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid porque la decisión del magistrado vulnera la Ley de Enjuiciamiento Criminal al infringir –entre otros- el artículo 312 que exige al juez de Instrucción, después de admitir la querella, que mande practicar las diligencias pertinentes y necesarias que en ella se propusieran.
La pelota está en el juzgado de la Audiencia Provincial, que tiene que decidir si el magistrado debe reabrir el caso y llevar a cabo las declaraciones y las periciales solicitadas por el abogado.
Noticias Relacionadas:
