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Varapalo del Supremo al Tribunal de Cuentas por nepotismo

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El nepotismo, a pesar de los escándalos, sigue habitando en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal Supremo ha propinado un doloroso varapalo en el caso más conocido: el de Enrique Medina, hermano del “vicepresidente de facto”, Javier Medina, a quien el presidente, Ramón Álvarez de Miranda (ambos PP) le hizo el favor de mantenerlo como subdirector técnico de Presidencia tras cesarlo como gerente.

Porque, la verdad, no lo quería.

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Una vez cesado, Enrique Medina tenía que haberse marchado del Tribunal. Pero no se quedaba en la calle. Es funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, un cuerpo ajeno al Tribunal de Cuentas, donde, lógicamente, cobraba menos.

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Pero no fue así.

La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, es decir, Álvarez de Miranda, lo cesó el 6 de septiembre de 2012 como gerente, al mismo tiempo que a Graciela García Díaz, que ocupaba el puesto de subdirectora técnica de la Presidencia. Esa misma Comisión nombró a Enrique Medina en el puesto de la anterior, convirtiéndose en el nuevo subdirector técnico de la Presidencia en comisión de servicios.

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“Dada la inaplazabilidad y urgente necesidad de la cobertura de dicho puesto”, rezaba el escrito que justificaba el nombramiento del hermano del consejero. Evidentemente no había ni “inaplazabilidad” ni “urgencia” en absoluto.

El problema que tenía este tipo de nombramiento es que tenía fecha de caducidad: un año. Por ser provisional.

Para que se quedara “en la casa” había que hacer un esfuerzo.

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Es el último caso conocido. El diario El País publicó que casi un centenar de los 700 trabajadores del Tribunal de Cuentas son familiares de los altos cargos y exconsejeros de la institución o allegados a sus principales representantes sindicales.

El propio “número 2”, Javier Medina, presidente de la Sección de Fiscalización, tiene a su esposa, su hermana y una sobrina, por parte de la mujer, además de este hermano, trabajando en el Tribunal de Cuentas.

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Desde la Comisión de Gobierno –que conforman Álvarez de Miranda, Javier Medina (afines al PP) y Felipe García Ortiz (PSOE)- de esta institución se trató, desde el minuto uno, de hacer fijo a Enrique Medina, transformando ese nombramiento provisional en un nombramiento definitivo.

Para ello, se hicieron dos modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución, el 13 de febrero y el 25 de julio de 2013. En siete meses se produjeron cuatro resoluciones sobre convocatorias del puesto de trabajo que ocupa Enrique Medina.

La primera convocatoria, por el procedimiento de libre designación, se produjo el 3 de marzo de 2013. Los requisitos que se exigían a los candidatos eran “experiencia en cooperación y asistencia técnica, en dirección de proyectos, en auditoría y en elaboración de informes. Dominio de los idiomas inglés y francés. Experiencia en desempeño de puesto de trabajo similar”.

Requisitos que no cumplía Medina.

En total, fueron 16 profesionales los que solicitaron la plaza. Entre ellos, una auditora de la institución. La única persona que estaba destinada en Presidencia.

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Esta profesional podía acreditar experiencia en el citado puesto de trabajo. Además, sabía inglés y francés y tenía conocimientos contrastados en cooperación, asistencia técnica, dirección de proyectos, auditoria y elaboración de informes. Lo tenía todo.

Superaba a Medina.

A la vista del peligro de que Enrique Medina pudiera perder “su plaza”, la Presidencia modificó la convocatoria, mediante una resolución, de fecha 7 de abril, que rectificaba “los errores de la convocatoria de 3 de marzo”.

De esa forma se alteraron los requisitos iniciales. Se convirtió en una plaza genérica. Se eliminó, además, el conocimiento de inglés y francés. Y, lo más importante, se excluyó, de forma expresa para participar en el mismo a los funcionarios de los Cuerpos de Auditores y Letrados del Tribunal de Cuentas.

Sólo podían tomar parte en ella los funcionarios de los Cuerpos Superiores de las Administraciones Públicas, como –“casualmente”- Enrique Medina.

Nada más que tres de los dieciséis solicitantes de la plaza estaban destinados en el Tribunal de Cuentas en el momento de la convocatoria: una auditora, “el favorito”, Enrique Medina, y Fernando Clemente, letrado del Tribunal.

Y sólo uno, Medina, cumplía los requisitos.

Clemente es el nombre del “David frente a Goliat” de esta historia. El letrado, miembro de la Asociación de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra esa rectificación de “errores de la convocatoria de 3 de marzo”, que suponía una modificación de raíz de la misma.

El Alto Tribunal, con fecha 4 de febrero de 2015, dio la razón a Clemente y declaró su nulidad. Imponiendo las costas al Tribunal de Cuentas.

Una victoria en toda regla.

Sin embargo, aquel recurso interpuesto por Clemente no paró la voluntad del “alto mando” de conferir fijeza y seguridad en su puesto de trabajo al hermano del “número 2” del Tribunal de Cuentas. Más adelante volvió a hacerse otra convocatoria para él, que se tradujo en su nombramiento. Y en “su tranquilidad” personal.

Clemente recurrió las dos decisiones, y una tercera adicional, ante el mismo Tribunal Supremo.

Esta primera sentencia es muy importante porque es un precedente y marca, de forma muy clara, el camino que presumiblemente conducirá a la anulación del nombramiento del hermano del “vicepresidente de facto” del Tribunal de Cuentas.

En el proceso de litigación contra el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo le ha facilitado a Clemente un informe sobre este asunto elaborado por Javier Borrego, abogado del Estado Jefe en el Tribunal de Cuentas y exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uno de los juristas españoles internacionales más prestigiosos. Un informe que fue realizado a petición de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas y que se guardaba bajo siete llaves.

Borrego enumera, en el mismo, las “serias irregularidades” que se han producido en el nombramiento y propone de forma clara, directa y contundente la anulación del nombramiento de Enrique Medina. 

El Abogado del Estado Jefe del Tribunal de Cuentas es el asesor jurídico de los órganos de la institución. En el 99 por ciento de los casos suele informar favorablemente de las actuaciones del Tribunal, salvo en casos flagrantes, como este. 

El combativo letrado del Tribunal de Cuentas es el mismo que consiguió que el Supremo anulara el nombramiento, como subdirectora nivel 30, de Carmen de Vicente, hermana del entonces consejero del Tribunal de Cuentas –este a propuesta del PSOE-, Ciriaco de Vicente, en un caso que guarda muchas similitudes con el actual.