Juan Calparsoro, fiscal superior, Josu Erkoreka, consejero de justicia, Rafael Catalá, ministro, Juan Luis Ibarra, presidente del TSJPV, y Marcelino Sexmero, portavoz de la AJFV. MJ.
«La agilización de la justicia penal no se alcanzará con medidas a coste cero», según la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria
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15/11/2015 16:32
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Actualizado: 06/4/2016 12:13
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“La agilización de la justicia penal no se alcanzará con medidas a coste cero. Sólo se conseguirá de manera real y efectiva con la dotación de recursos humanos y materiales para la justicia y para sus colaboradores”. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la Francisco de Vitoria (AJFV) en su XXX Asamblea, celebrada recientemente en Bilbao.
MANU GARCÍA.
«Especialmente para la policía judicial, científica y demás organismos que aportan sus pericias (toxicología, farmacia, auditores…), creando órganos especializados», sentencia esta conclusión.
La AJFV, segunda asociación en número de jueces, celebró su Asamblea, entre el 11 y el 14 de noviembre, con una inauguración, a la que asistió el ministro del ramo, Rafael Catalá, que vio rodeada de polémica cuando el portavoz de la asociación, Marcelino Sexmero, le pidió en su intervención que «para evitar que ocurra con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal (LECRIM) lo mismo que con la Ley de Tasas, suspenda la entrada en vigor de los asuntos más polémicos».
A lo que Catalá respondió: «Me parece que no es una buena manera de resolver los problemas dilatarlos, darles una patada hacia delante y esperar que se pongan todas las constelaciones alineadas».
Pero ahí no acabó todo. También Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, le recordó a Catalá la falta de consenso de las reformas del Gobierno en materia de justicia. Reformas de «leyes conquistadas por el legislador en el ocaso de su mandato».
Lo que enfadó lo suyo al ministro, que sacó material pesado de su arsenal dialéctico: «Me parece que negarle legitimidad democrática a un Parlamento donde reside la soberanía nacional, elegido por los ciudadanos, a los que representa en la mayoría absoluta de este Parlamento, negarle la legitimidad para abordar reformas me parece sorprendente», le dijo, ante la mirada sorprendida de los otros componentes de la mesa: Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, Josu Erkoreka, consejero de Administración Pública y Justicia y portavoz del Gobierno vasco, y el propio Sexmero.
Una vez superados estos comienzos polémicos, la Asamblea inició su singladura de forma pacífica centrándose en tres puntos principales: la reforma de la Lecrim, la implantación del expediente digital y el registro civil, con una referencia especial a la situación de los jueces de Adscripción Territorial (JATs).
También se produjo la renovación del Comité Nacional, y la sustitución del actual portavoz, Marcelino Sexmero, magistrado juez de Instrucción 3 de Madrid, por Raimundo Prado Bernabeu, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.Sexmero continuará como miembro del Comité Nacional.
REFORMA DE LA LECRIM
Sobre la LECRIM, los «vitorinos» reiteraron, en sus conclusiones, la opinión de Sexmero: «El sometimiento a p lazo en las actuales condiciones puede generar impunidad, espeicalmente los delitos de instrucción compleja, como los de corrupción».
Asimismo, la no remisión de los atestados sin autor conocido a los órganos judiciales «amplía el ámbito de discrecionalidad de la Administración y puede dificultar la correcta tutela judicial de la víctima». Y subrayan que «debe garantizarse el control de la investigación policial».
EXPEDIENTE DIGITAL
La Francisco de Vitoria considera que hay que supeditar la implantación de la digitalización plena de la Administración de Justicia a que «se dote a los tribunales de los medios adecuados debiendo contar en su total aplicación con la intervención de los jueces y magistrados y de las asociaciones judiciales».
Para esta asociación es imprescindible que haya una planificación previa, con la elaboración de un protocolo de actuación para que haya unificación de criterios y de sistemas informáticos. Éstos tienen que contar con unos requisitos mínimos, tanto en software como en hardware, tanto en despachos como en oficinas.
De la misma forma, son de la opinión de que los jueces deben tener medios informáticos en sus casas -facilitados bien por el CGPJ o por la Administración de Justicia corrrespondiente-, con acceso remoto al expediente digital. Medios que deben de contar con una asistencia técnica de calidad inmediata y continuada.
REGISTRO CIVIL
Los «vitorinos» han concluido que el Registro Civil ha de ser siempre público y gratuito. No entran en otras consideraciones.
Sobre la situación de los jueces de Adscripción Territorial (JATs), jueces de Apoyo al juez de Adscripción Territorial y jueces en expectativa de destino de las últimas promociones, la AJFV hace un llamamiento para que se elabore un «plan de actuación e información clara, puntual y completa sobre los tiempos del proceso de asignación de plazas a los jueces en expectativa de destino para garantizar la transparencia del mismo. Ello es necesario para que los jueces puedan planificar la vida personal y laboral».
La Francisco de Vitoria apoya a los jueces en expectativa de destino, denunciando su situación, que vulnera el principiio de inamovibilidad judicial. Y considera como denigrante que las últimas promociones de jueces en prácticas sean designados como jueces sustitutos.
NUEVO COMITÉ NACIONAL
Además del cambio de portavoz, y la permanencia de Sexmero en el Comité Nacional, su composición ha quedado de la siguiente forma: Alfonso Álvarez-Buyilla Naharro, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Getxo, Vizcaya, Jaime Francisco Anta González, magistrado del Juzgado de Primera Instancia 2 de Santander, Ana Esmeralda Casado Portilla, magistrada de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio de Torres Guajardo, magistrado del Juzgado de lo Social 2 de Móstoles, Madrid, Eduardo López Causapé, magistrado del Juzgado de Instrucción 9 de Zaragoza, Hugo Novales Bilbao, magistrado del Juzgado de lo Mercantil 1 de Girona, y José Pérez Gómez, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Santa Cruz de Tenerife.
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