El Tribunal Supremo ha resuelto que el tribunal competente para asumir la investigación sobre el origen del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato es el juzgado número 31 de Madrid, en vez del número 4 de la Audiencia Nacional.
El presidente de la Sala Manuel Marchena, especifica que se aprecia la existencia de un flujo de capitales entre distintas sociedades que tiene como origen o destino España o tiene lugar dentro de su territorio.
«Precisamente en España se habrían cometido los supuestos delitos de los procederían esos fondos y también es en España donde, al parecer, tiene su domicilio social la entidad Kradronara», propiedad de Rato y que habría recibido las cantidades ilícitas para después remitirlas al extranjero.
El Supremo precisa que parte del dinero acabó en la entidad alemana Bagerpleta, propietaria de un hotel en Berlín, pero dice que ésto no significa que el delito de blanqueo se cometiera en ese lugar.
Con esta decisión, el alto tribunal despeja las dudas sobre qué tribunal debía llevar esta investigación llegó al Supremo hace dos meses, después de que los titulares del tribunal madrileño y del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Antonio Serrano-Arnal y Fernando Andreu, respectivamente, discreparan sobre qué órgano era el competente.
El juez Serrano-Arnal, partidario junto a la Fiscalía Anticorrupción de que fuera el juez Andreu el que asumiera la instrucción, solicitó el 2 de octubre pasado a la Sala de lo Penal del Supremo que aclarara quién debía asumir el caso en el que se investiga el patrimonio de Rodrigo Rato ante las sospechas de que éste podía haber blanqueado dinero en el exterior.
Sin embargo, el 18 de noviembre pasado la Fiscalía del Alto Tribunal se pronunció a favor de que fuera el tribunal de Serrano-Arnal el que instruyera el caso al considerar que los indicios apuntan a que los delitos se empezaron a cometer en suelo español, criterio que finalmente ha decidido seguir el Tribunal Supremo.
Según indicaba el Ministerio Público en su escrito, la documentación consultada conduce a pensar que «los hechos investigados podrían ser presuntamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales» y existen «sólidos indicios» de que habrían empezado a cometerse en territorio español.
