Casi 50 médicos de la sanidad pública y privada han sido imputados por cobrar comisiones ilegales de la empresa Traiber para utilizar prótesis ortopédicas de esta compañía a pesar de que la marca presentaba deficiencias.
El instructor del llamado caso Innova, el juez Diego Álvarez de Juan, ha levantado hoy el secreto de sumario de la pieza separada número 4 del caso Innova, que se centra en la investigación de prótesis de cadera, rodilla y columna fabricadas por Traiber en su planta de Reus.
Los médicos declararán en calidad de investigados por su presunta participación en los posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, delito de tráfico de influencias, delito de cohechos, delito fraude a la Administración y contra la Salud Pública, entre otros.
La Guardia Civil registró en mayo la sede de la empresa, propiedad de Lluís Márquez, por las sospechas de que había recibido un trato de favor en el hospital municipal por las presiones de Teresa Gomis (Convergència), quien presuntamente maniobró para que los facultativos del centro utilizaran las prótesis de rodilla, columna y cadera de la firma.
SOBORNOS
En las oficinas de la empresa, que ya estaba siendo investigada por comercializar productos caducados y sin los certificados legales en regla, la Guardia Civil encontró documentos que acreditaban que decenas de médicos habían estado cobrando «sobornos» de Traiber para utilizar sus productos en los quirófanos.
En su escrito, el juez instructor señala que «Traiber no solo pagó comisiones a los médicos para que pusiesen sus productos, sino que hay indicios de que lo hizo para que éstos mantuviesen la boca cerrada cuando descubrieron las deficiencias técnicas», señala el magistrado.
Además, entre los documentos requisados el juez apunta que la empresa pagó un viaje a Egipto a tres médicos en el 2008. En ese justificante, constaba la nota manuscrita «regalo para los doctores. Para tapar la boca por el fallo del cotilo» (el cotilo es una de las piezas de las prótesis).
En otro documento se recoge que «De todo lo que coloquen se les pagará un»royalty» del 20%»
La lista de médicos señalados por el juez abarca desde centros públicos y concertados de toda Cataluña. Entre los que destacan el Hospital Sant Joan de Reus, Joan XXIII de Tarragona, el Parc Taulí de Sabadell o el Sant Pau de Barcelona.
Según el juez, «hay indicios de que se relaciona la colocación de una prótesis con un pago de un porcentaje del precio para el médico», a través de lo que ellos llamaban «colaboraciones».
PRESIONES
Las presuntas reuniones para «presionar» a los médicos del Hospital de Sant Joan para utilizar las prótesis de Traiber son una de las líneas de investigación del juez Álvarez de Juan.
Así, según el auto, la agenda de Márquez reseña reuniones con la entonces primera teniente de alcalde de Reus, también imputada en la misma causa, Teresa Gomis, y con el actual concejal de Urbanismo y, por aquel entonces, edil de Promoción Económica, Marc Arza, ambos de CiU.
El auto reseña que Márquez se reunió o lo intentó hasta cinco veces con el alcalde, Carles Pellicer (CiU), e incluso con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y con el por aquel entonces conseller de Empresa, Francesc Xavier Mena.
En la agenda de Márquez también constan encuentros con Josep Prat, ex presidente del Instituto Catalán de la Salud y ex director general del grupo de empresas municipales Innova de Reus (con la rama sanitaria de Sagessa, que gestiona el Hospital de Sant Joan).
El magistrado también reseña una carta del alcalde a Márquez sobre varios encuentros de Pellicer con empresas de la ciudad.
El juez muestra su extrañeza, ya que la carta está fechada el 25 de noviembre del 2014 y el 30 de octubre Traiber estaba ya bajo la alerta sanitaria que cesó la actividad de esta empresa, lo que interpreta que puede ser un indicio de presiones.
