Así lo revela la Fundación Caja Madrid en una de las actas que ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en el marco de la investigación sobre las tarjetas ‘black’, a las que se cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 y por las que el magistrado ha propuesto juzgar a 66 de sus titulares.
En las mismas se relata como Antonio Romero Lázaro, número dos del PSM-PSOE, con Rafael Simancas, y miembro del Consejo de Administración en Caja Madrid a propuesta del partido socialista, consideró de «tremenda gravedad» que la entidad hubiera actuado de forma «negligente» y hubiera ocultado a su órgano de gobierno que el Partido Popular del municipio madrileño de Majadahonda estuvo en una situación de morosidad durante cinco años, entre 1996 hasta 2003.
La reunión de ese Consejo de Administración tuvo lugar el 20 de junio de 2005. En entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, le respondió que la formación política había pagado su deuda unos días antes de que el asunto saltara a los medios de comunicación. Algunos de los consejeros, propuestos propuestos por el PP, consideraron que «exageraba» y pidieron que su debate no tuviera «repercusión» fuera del Consejo.
La sesión comenzó con las palabras de Blesa informando al Consejo de Administración que el PP había liquidado un mes antes la deuda de 35.787 euros por su sede de Majadahonda.
Romero Lázaro intervino para denunciar que Caja Madrid no hubiera percibido los ingresos que le «correspondían en derecho» durante los cinco años en los que el asunto no era público ni conocido por los consejeros.
«¿Creen ustedes que después de dos años de haber dejado el local, el PP hubiera abonado esta deuda? ¿O piensan que si no nos hubiéramos enterado a través de las indagaciones de los periodistas no lo habrían pagado nunca?», inquirió el consejero, para preguntar si hubo un trato «diferenciado» y qué cargos de la entidad lo sabían.
«Sinceramente, me congratulo de que los morosos paguen y que la Caja cobre lo que es suyo», prosiguió el consejero, antes de advertir de que no podía quedar en una cuestión «anecdótica» porque haría un «flaco favor» a la imagen de Caja Madrid, que, a su juicio, no había actuado de forma transparente, independiente ni eficaz.
«NO CABE OTRA ALTERNATIVA: ROMERO DE TEJADA DEBE DIMITIR»
Romero pidió la dimisión del vocal y ex secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, al considerar «inconcebible» que hubiera permitido ese «conflicto» entre la entidad y su partido.
«Por el bien de Caja Madrid y el suyo propio, no cabe otra alternativa que dimitir», remachó.
Varios miembros de la Comisión de Control y consejeros nombrados a propuesta del PSOE y de IU le apoyaron al asegurar que los controles «fallaron» internamente y denunciar «ciertas singularidades» en el trato ofrecido no solo a partidos, sino a instituciones e «incluso» personas físicas. «En ningún caso puede haber privilegio», añadieron.
Sin embargo, cuatro exconsejeros del PP, José Moure, Alberto Recarte, Mercedes de la Merced e Ignacio Navasqües consideraron que la crítica era «sobredimensionada» y lo achacaron a un «enfrentamiento político totalmente ajeno a la Caja».
Blesa aseguró que ninguna persona de la Caja tuvo un «comportamiento doloso» y que «nunca se ha desahuciado ni ejecutado a ningún cliente de cualquier naturaleza por impago o desatención de uno o varios efectos».
El aludido, Romero de Tejada, sostuvo que nunca negoció este tema y ni siquiera lo conoció durante su etapa al frente del PP de Majadahonda, en el que dejó de tener funciones ejecutivas varios años antes. EP.
