El magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Sieira asegura en una entrevista en El País que «quien tiene que hacer cumplir las sentencias es el Ejecutivo, que es el que tiene los medios».
Sieira sostiene que «una vez que el Supremo dice esto es blanco y la Administración sigue diciendo que es negro, estamos ante una resolución manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico».
Además, incide en que a la Sala de lo Contencioso-administrativo, a la que él pertenece y de la que fue presidente, están llegando muchas y nuevas causas que, si no se pone remedio, amenazan con “colapsar” la Sala. Y señala que «ya han entrado unos 800 recursos relacionados con el denominado céntimo sanitario que anuló Bruselas. Y se esperan varios miles más».
Sieira asegura que, para garantizar la independencia judicial (y no ya en materia jurisdiccional, que los jueces la tienen) hay que dar autonomía económica al Poder Judicial, que son los tribunales. “El Poder Judicial debería tener su propia partida presupuestaria y que se rindiesen cuentas ante el Parlamento. No habría ningún problema en hacerlo”.
NOMBRAMIENTOS
Según asegura el diario El País, Sieira No comparte Sieira el actual sistema de nombramientos. Cree que al Consejo deben de ir personas con “el máximo prestigio y auctoritas” en la carrera y que no se deben poner “a un coronel a mandar generales, no es razonable”, matiza. En este aspecto no se refiere al actual presidente Carlos Lesmes.
Ruiz-Gallardón modificó la norma por el que se rige el actual Consejo del Poder Judicial y otorgó un poder enorme al presidente (ahora Lesmes), quien también lo es del Tribunal Supremo. Las vocales progresistas del Poder Judicial no dan crédito (y han presentado recursos) a lo que está pasando con la nueva normativa del Consejo, que Lesmes (todos dicen que participó en su elaboración) aplica con rigor y que relega a un papel secundario a dos tercios de los vocales.
José Manuel Sieira sostiene que en el actual sistema los vocales son elegidos por las Cortes y se suelen reproducir las cuotas de poder de los distintos partidos en ambas Cámaras (Congreso y Senado). “La primera perversión del sistema fue cuando se computaron los 15 años de jurista a una persona a la que hubo que sumar los cinco años de carrera”. Prefiere no dar el nombre de esa persona.
También se muestra muy crítico con la forma en que se realizan los nombramientos que realiza el propio Consejo. «Me parecen muy bien los vídeos están en internet, pero no valen para nada… Eso, y cómo se hacen los nombramientos de los vocales, provoca desconfianza ciudadana en la justicia».
Y afirma que “Las cosas no han cambiado desgraciadamente mucho en el Consejo. Antes había un grupo conservador y otro progresista y negociaban entre ellos. Ahora se negocia más dentro de la Permanente, donde hay una mayoría clara del sector conservador, que indica a su grupo afín en el pleno lo que hay que votar”.
EL CASO DEL KAMIKAZE
En la entrevista José Manuel Sieira también muestra molesto con lo sucedió en julio, cuando el Consejo del Poder Judicial decidió sustituirle por Luis María Díez-Picazo, un hombre de la cuerda del presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial Carlos Lesmes. No acierta a entender las razones. “Me hubiera gustado que me lo hubieran explicado”, indica.
Como publicó Confilegal, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo son “vox populi” dos cosas: que Sieira era un buen presidente y que entre Lesmes y Sieira no hay química personal.
El desencuentro entre Sieira y el actual presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes se remonta al conocido caso del kamikaze que en 2003 provocó la muerte del joven José Alfredo Dolz en la autopista AP-7 y que el Consejo de Ministros indultó en 2012 a propuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El kamikaze, Ramón Ríos Salgado, salió de prisión, donde había permanecido apenas 9 meses de una pena de 13 años, que le fue conmutada por una multa de 4.380 euros.
La familia recurrió el indulto ante el Tribunal Supremo y Carlos Lesmes, entonces magistrado de la Sala Tercera y persona muy cercana a Ruiz Gallardón, asumió la ponencia del caso.
El actual presidente del Tribunal Supremo se alineó con la decisión del ministro de Justicia y propuso que se ratificara el indulto.
La medida de gracia se había adoptado pese a la oposición de la Fiscalía y del tribunal sentenciador de la Audiencia Provincial de Valencia.
Más tarde se supo que el indulto se había gestionado desde el despacho de abogados de Uría y Menéndez y que el letrado encargado de su tramitación había sido Esteban Astarloa, hermano del exsubsecretario de Justicia y diputado del Partido Popular, Ignacio Astarloa.
El escándalo fue mayúsculo cuando se supo que en ese mismo bufete trabajaba José Ruiz-Gallardón Utrera, uno de los hijos del ministro de Justicia.
El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesto por sus 33 miembros y presidido por Sieira, tumbaron la propuesta de Lesmes y anularon el indulto, contenido en el Real Decreto correspondiente.
Según la sentencia, que redactó otro ponente, el citado Real Decreto no señaló “las razones de justicia, equidad o utilidad pública” exigidas por el legislador.
El desenlace fue un revés personal para Lesmes en un momento en el que su candidatura a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo pendía de un hilo.
Sin duda, la decisión de Sieira de llevar el caso del indulto al Pleno de la Sala, en vez de resolverlo en su sección, que era lo más adecuado, desde su punto de vista, puso seriamente en peligro sus aspiraciones. Así lo vio él.
