Dolores Ripoll Martínez de Bedoya ha dicho al tribunal del caso Nóos que el lema «Hacienda somos todos» no debe ser creído al pie de la letra. Debe deducirse, por lo tanto, que no es verdad. Según su opinión, fue creado para el mundo de la publicidad, «exclusivamente como forma de concienciación al país».
La abogada del Estado, que representa, precisamente, a la Hacienda Pública, se ha alineado así con el fiscal, Pedro Horrach, que pidió al tribunal que se aplicara la «doctrina botín» a la infanta Cristina.
La Agencia Tributaria, afirmó, considera que la hija del Rey Emérito no cometió ningún delito. Por lo tanto, lo que toca es el archivo de la acusación contra Cristina de Borbón.
La mencionada «doctrina Botín» nació en 2007, cuando el Tribunal Supremo apreció la aplicación de una sentencia al desaparecido presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que desestimó la acusación contra su persona en el asunto de las cesiones de crédito, por parte de una acusación popular, porque tanto como la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían desistido de hacerlo.
En este caso se repite la situación.
Únicamente el sindicato Manos Limpias acusa a la infanta dos delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo 4 años por cada uno de ellos, como cooperadora necesaria de su marido, Iñaki Urdangarín, en Aizoon, una empresa familiar propiedad de los dos.
El juez instructor del caso, José Castro, sí consideró en su momento que el eslogan «Hacienda somos todos» es muy importante. Porque «fuerza a plantearse la naturaleza del delito contra la Hacienda pública como atentado a un bien jurídico colectivo de interés general y que, por tanto, no vulnera un bien jurídico individual, que pudiera ser propio y exclusivo de la Agencia Tributaria».
Castro consideró que la citada «doctrina Botín» había quedado superada por otra posterior, la «doctrina Atutxa», que establece que la acción popular está legitimada para mantener una acusación por sí sola -sin necesidad de que haya acusación del fiscal o del perjudicado- cuando lo que se está protegiendo es un bien colectivo, como es este caso.
La abogada del Estado no está de acuerdo con esa interpretación del juez, afirmando, en el juicio, que «la acusación popular no se fundamenta en el bien común; puede tener objetivos personales y clientelares» y arrogando, para el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado «la defensa de los intereses generales sobre los principios de legalidad e imparcialidad».
O dicho de otra manera, la acusación «fetén» es la que representan ellos, Dolores Ripoll Martínez de Bedoya y Pedro Horrach.
Las magistradas Samantha Romero Adán (presidenta del tribunal y ponente), Eleonor Moyá Roselló y Rocío Martín Hernández tienen la última palabra.
