El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) contra Metro de Madrid por «inacción administrativa para dar cumplimiento a obligaciones normativas estatales en materia de accesibilidad universal».
Esta demanda es la primera que, por razón de inacción administrativa en relación con la accesibilidad, va a ser enjuiciada por un tribunal, por lo que el proceso podría sentar un precedente en la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.
Según ha informado el CERMI en una nota, la sección octava de Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM insta a la empresa pública a presentar en el plazo de 20 días el expediente administrativo y todos los antecedentes relativos a actuaciones sobre accesibilidad.
El pasado mes de diciembre, la representación cívica de la discapacidad española y madrileña presentó un recurso contra la «inactividad» de la Consejería de Transportes y de Metro de Madrid en el cumplimiento legal de los plazos establecidos en el Real Decreto de 2007 por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Según el CERMI, «Metro no ha actuado dentro del plazo legal fijado en la normativa estatal para dotar de accesibilidad a su red de estaciones, habiéndose comprobado incumplimientos desde 2011 y 2014, en los que una serie de estaciones que no reunían condiciones de accesibilidad tendrían que haberse convertido en accesibles, de acuerdo con la progresividad temporal de la regulación básica del Estado».
METRO Y LA NORMATIVA
Desde CERMI llevan tiempo denunciando que El Metro de Madrid no es accesible para las personas con discapacidad (por sus escaleras, su falta de accesos para este tipo de personas, su escasez de espacio), por lo que vienen declamando un cambio en las políticas de la Consejería de Transportes y de Metro de Madrid, que incumplen la normativa.
Una normativa que obligaba a que, a finales de 2011, todas las estaciones de Metro en las que confluyeran más de dos lineas o actúan de intercambiador, debían ser accesibles. Además, a finales de 2014 debían serlo también todas las que tuvieran más de una línea de Metro.
