Podemos recurre a dos de sus fichajes estrella como portavoces de las primeras comisiones parlamentarias que se constituirán este miércoles. Así, la exjueza Victoria Rosell, diputada por Las Palmas, será la voz de Podemos en la Comisión de Justicia mientras que el exmagistrado Juan Pedro Yllanes, diputado por Palma de Mallorca, será el portavoz en la Comisión de Reglamento.
La exjuez Rosell, exportavoz nacional adjunta de Jueces para la Democracia (JpD), abandonó en octubre pasado el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, para sumarse a la lista de Podemos como independiente.
Por su parte, Yllanes, fue uno de los jueces designados para juzgar el caso ‘Nóos’, antes de incorporarse a las filas de la formación magenta.
El Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea –que integra no sólo a la formación morada sino también a las confluencias catalana y gallega– ha registrado este martes un escrito con la composición de las primeras siete comisiones que echarán a andar en esta XI legislatura: Las comisiones técnicas de Reglamento, del Estatuto del Diputado y de Peticiones y las permanentes de Constitucional, Justicia, Empleo y Seguridad Social y Presupuestos.
Además de Yllanes y Rosell, Podemos ha designado al experto en Derecho Constitucional y diputado por Alicante, Rubén Marínez Dalmau, portavoz de la Comisión Constitucional, confiándole así la voz de la formación en la comisión que más peso tiene en la Cámara Baja y de las que más interés suscita en el partido morado, que ha convertido la reforma de la Carta Magna en uno de sus principales objetivos.
La reforma de la Constitución es el eje principal del programa con el que Podemos concurrió en las generales. En concreto, la formación morada quiere que la Carta Magna reconozca «cinco garantías constitucionales», que pasan por reformar la ley electoral para hacerla más proporcional; reconocer la plurinacionalidad de España y el derecho a decidir; blindar los derechos sociales; reforzar la lucha contra la corrupción, a través, por ejemplo, de la prohibición de las puertas giratorias; y garantizar la independencia judicial.
