El juez afectado, Fernando Presencia, es decano de los Juzgados de Talavera de la Reina, Toledo, donde tiene su destino actual. Confilegal.

El juez Presencia acusa al CGPJ de “filtrar” un acuerdo contra su persona, que no es firme, para perjudicarle

7 / 02 / 2016 14:15

Actualizado el 07 / 02 / 2016 14:16

Fernando Presencia, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 y decano de los Juzgados de Talavera, acusa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de haber “filtrado” a la prensa el contenido de una sanción contra su persona “que no es firme” porque contra ella se puede interponer un recurso de alzada.

Según explica el juez en una nota de prensa hecha pública, “en el expediente disciplinario de referencia no se me ha oído en declaración, ni se me ha dado traslado para hacer ningún tipo de alegaciones”.

La noticia, distribuida por Europa Press, lleva por título “El CGPJ multa a un magistrado de Talavera que suspendió cinco juicios para asistir a la vista de su divorcio”.

En la misma se puede leer que “la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una multa de 2.000 euros al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina (Toledo, Fernando Presencia Crespo, por ausentarse sin permiso para asistir a la vista de su divorcio en Valencia, lo que obligó a la suspensión de cinco juicios civiles señalados para ese día”.

“La resolución se adoptó el pasado 27 de enero, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press que señalan que el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, proponía que fuera suspendido un año por una falta grave de desatención, mientras que la Fiscalía pidió que esta suspensión se elevara a tres años”.

“Los vocales de la Comisión Disciplinaria han considerado que los hechos son constitutivos de una falta grave de las previstas en el artículo 418.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) relativa al ‘incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública y la inasistencia injustificada de los actos procesales con audiencia pública’”.

De acuerdo con Presencia, el titular no se corresponde con “lo que luego se describe en el texto del comunicado, donde se indica expresamente que yo no suspendí ningún juicio de los señalados ese día, sino que lo hizo quien debía de sustituirme”.

“El cumplimiento de un deber inexcusable, como lo es el emplazamiento realizado por un Juzgado para acudir a la vista de un pleito, nunca puede ser objeto de sanción, imponiendo la lógica y el sentido común de las cosas que lo que sea sancionable es precisamente lo contrario, esto es, no acudir a un llamamiento judicial”, dice el comunicado.

“En cualquier caso, el acudir como parte a la vista de un procedimiento de familia, o de cualquier otro, forma parte esencial del derecho fundamental a la tutela efectiva a que se refiere el artículo 24 de la Constitución Española, sin que el ejercicio de ese derecho pueda ser objeto de sanción por parte de ningún órgano del Estado o del resto de las administraciones públicas”, añade el decano de los Jugados de Talavera.

LA VERDADERA RAZÓN

El juez Presencia que el origen de su sanción, que va a recurrir, se encuentra en las denuncias de «tráfico de méritos» en los nombramientos de altos cargos judiciales que lleva a cabo el CGPJ.

“La verdadera razón por la que el supuesto Acuerdo de Sanción fue adoptado el 27 de enero pasado, justo un día antes del día señalado para la provisión de la plaza de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en cuyo concurso yo participaba como candidato y que fui excluido del proceso de selección por acuerdo de la Comisión Permanente del día 14 de enero como respuesta a la denuncia que hice pública ante la propia Comisión de Calificación, para que se investigara al vocal del CGPJ, miembro de la Permanente y de la Comisión de Calificación”, continúa Presencia.

La mencionada “trama de tráfico de méritos” en la designación de los “altos cargos judiciales”, fue ya denunciada por Manos Limpias ante la Audiencia Nacional. Y también por él mismo, pero ante el Tribunal Supremo.

“Curiosamente, dicha denuncia la formalicé ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en fecha 27 de enero pasado, esto es, el mismo día del supuesto acuerdo de sanción”, concluye el magistrado.

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