Seis concejales del PP de Valencia declaran ante el juez por blanqueo en el caso Imelsa

Seis concejales del PP de Valencia declaran ante el juez por blanqueo en el caso Imelsa

8 / 02 / 2016 07:20

Actualizado el 08 / 02 / 2016 07:22

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el conocido como caso Imelsa, ha citado a declarar hoy como investigados a seis concejales y dos asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia por un supuesto delito de blanqueo.

En total, en esta causa, figuran como investigados 17 concejales y exconcejales y 21 asesores y exasesores del PP de Valencia.

Todos ellos, entre los cuales se encuentran ocho ediles del actual grupo municipal popular -el noveno es Alfonso Novo, que ha declarado ya y el décimo es el independiente Eusebio Monzó-, deberán comparecer ante el juez entre los días 8 y 18 de este mes.

Hoy están llamados a declarar los concejales Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Mendoza y Félix Crespo, además de dos asesores.

Este miércoles, han sido citados los exconcejales Silvestre Senent y Ana Albert y la edil Maria Angels Ramón-Llin, además de siete asesores.

El siguiente miércoles, día 17, deberán comparecer la concejal María Jesús Puchalt y los exediles Vicente Aleixandre y Francisco Lledó, además de cuatro asesores.

Para la última jornada de declaraciones, prevista para el jueves 18, han sido citados los exconcejales Juan Vicente Jurado e Irene Beneyto y otros siete asesores.

El pasado miércoles el juez ya interrogó a tres investigados (imputados) y a cinco testigos; entre los investigados por blanqueo está el hasta ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, el asesor Luis Salom y una tercera persona.

Esta investigación por blanqueo se deriva de la operación contra una supuesta trama de mordidas en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por supuestas adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales desde 2003.

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