Estuvo, “al menos”, seis años sin ir a trabajar. Entre 2004 y 2010, pero el funcionario del Ayuntamiento de Cádiz cobraba puntualmente su nómina mensual. Su salario era de 37.000 euros brutos anuales. Y nadie dijo nada. Nadie le echó de menos durante 2.190 días, con sus noches.
Fue el entonces concejal de Personal, José Blas Fernández, del PP –hoy senador por ese partido- quien descubrió el caso de este funcionario “fantasma” en 2010.
El sujeto en cuestión era un ingeniero que había sido director técnico del área de Medioambiente del Ayuntamiento de Cádiz hasta 1998, donde había entrado en plantilla ocho años antes.
Ese año fue destinado a un despacho fuera del edificio del Consistorio, a la sede de Aguas de Cádiz, la empresa municipal, con el cometido de supervisar las obras de la estación de La Martona.
En 2010 Fernández se interesó por saber cómo marchaba el convenio con Aguas de Cádiz.
Fue entonces cuando descubrió el pastel.
En Aguas de Cádiz suponían que había regresado al Ayuntamiento y en el Ayuntamiento daban por hecho que seguía en Aguas de Cádiz.
La excusa que puso el funcionario, según relató Fernández después, fue que ante las discusiones que en aquel entonces mantenían el Ayuntamiento y la Junta a consecuencia de La Martona, «decidió irse a su casa a esperar que hubiera alguna solución y se le comunicara». Y hasta la fecha.
El Consistorio, en consecuencia, el 15 de octubre de 2010 le abrió un expediente al funcionario “fantasma” por una falta “muy grave” contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público por “abandono de servicio” y “falta injustificada”.
El castigo llevó implícita la suspensión de empleo y sueldo, pero sólo fue por cuatro meses, porque el funcionario “fantasma” se acogió a la jubilación anticipada.
En el expediente sancionador el Ayuntamiento constató que el empleado “no llegó a acudir a su puesto de trabajo ni llegó a realizar tarea alguna”, durante, al menos, seis años recibiendo puntualmente su nómina mensual. Es decir, que pudieron ser seis años más.
Como se había jubilado, lo sancionaron con la devolución de 26.920,93 euros, el equivalente a un año de salario neto; lo máximo que le podían reclamar legalmente.
En esos seis años el funcionario “fantasma” cobró un total de 222.000 euros brutos.
Sin embargo, el hombre no se mostró conforme.
Había salvado la jubilación, pero no estaba dispuesto a devolver esos 26.920,93 euros, por lo que interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Cádiz contra la decisión del Ayuntamiento.
El citado Juzgado finalmente falló a favor del consistorio en una sentencia fechada el 20 de enero pasado.
En la misma, el magistrado refrendó la decisión del Ayuntamiento: El funcionario “fantasma” debe devolver la “cantidad indebidamente cobrada”, los 26.920,93 euros de marras.
Del resto, nada. Como dicen por Cádiz, que le quiten lo bailado.
