Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, ha afirmado hoy en el juicio que el abogado del Rey Juan Carlos, José Manuel Romero, y Hacienda supervisaban periódicamente las actividades de la entidad y les daban su aprobación.
Torres ha asegurado en su declaración como acusado ante el tribunal de la Audiencia de Palma que el secretario de Nóos, Miguel Tejeiro, mantenía encuentros periódicos con Romero, «abogado del jefe del Estado, y le rendía cuentas» sobre lo que hacía la asociación sin ánimo de lucro que dirigía junto a Urdangarin.
«Además, cada año al llegar el mes de junio, el señor Tejeiro (su cuñado y también responsable de la gestión fiscal del Instituto) se reunía con un alto funcionario de Hacienda para que le revisará las declaraciones de impuestos (…), y se lo aprobaba», ha subrayado.
Según Torres, principal acusado en el juicio junto al cuñado del Rey Felipe, «eso que se ha dicho de que la infanta (Cristina) era el escudo fiscal (del entramado de Nóos) es absolutamente falso», puesto que la supervisión de la Agencia Tributaria era garantía de legalidad.
Torres ha negado, sin embargo, que a los fondos públicos percibidos se les diese un destino irregular por su parte, con la apertura de varias cuentas en Luxemburgo y, de hecho, ha vuelto a hacer hincapié en cómo la Casa Real estaba al corriente de todos los negocios que Nóos llevaba a cabo con las instituciones.
El acusado ha aseverado además que Tejeiro, hermano de su mujer, Ana María Tejeiro, solía mantener encuentros con «un alto funcionario de Hacienda» para tratar las declaraciones de impuestos de Nóos y darles su visto bueno.
En uno de los numerosos escritos presentados a lo largo de la instrucción de la causa, la defensa de Torres asegura que desde el Instituto «jamás se hizo nada sin antes haber informado» al exsecretario de las Infantas, Carlos García-Revenga, «y a la Institución que él representaba y que lo autorizaba todo, pues en caso contrario nada se acometía».
En concreto, la Fiscalía reclama para el acusado 16 años y medio de cárcel -petición que Manos Limpias eleva a 22 y medio- por poner en marcha, junto al exduque, una estructura «hueca de contenido real» y «una maraña de facturación ficticia» para desviar más de seis millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
Para ello, según Horrach, utilizaron el Instituto Nóos como epicentro de la trama, al que manejaron «a su antojo» junto a otras mercantiles de su propiedad para que «operasen al servicio de sus intereses comerciales». (CONFILEGAL/EP)
