Carlos Álvarez Fernández, el presidente del tribunal del jurado que ha juzgado a las tres mujeres por el asesinato de Isabel Carrasco, ha impuesto a Fermín Guerrero Faura, abogado de la policía local condenada, Raquel Gago, la multa de 1.000 euros, como castigo por el día en que estuvo «desaparecido» y, por lo que no pudo celebrarse aquella jornada de juicio.
El magistrado entiende que Guerrero incurrió en una falta disciplinaria, prevista y contemplada en el artículo 553.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, le impone la multa de cincuenta días con una cuota diaria de 20 euros por día; 1.000 euros.
La decisión lleva la fecha de hoy. Es muy escueta, pero en ella se añade una coletilla: «Se restringe la publicidad de este acuerdo, por contener datos personales del letrado que no pueden ser revelados, de manera que sólo se notificará a las demás partes del proceso y se hará pública la parte dispositiva del mismo».
De lo que se deduce que el letrado, finalmente, reveló al juez el por qué de su desaparición.
DESAPARECIDO 20 HORAS
El letrado de Fermín Gago desapareció la tarde del martes 26 de enero, después de almorzar con José Ramón García, el abogado de Montserrat González y Triana Martínez. Abandonaron un céntrico restaurante de León, situado a poca distancia de la Audiencia Provincial, donde tuvo lugar el juicio, sobre las 17.30. A las 19.00 horas se le perdió de vista.
Cuatro minutos después su móvil quedó inactivo.
La tarde del día siguiente, 20 horas después, la Policía Municipal lo localizó en la calle Fray Luis de León, cuando iba a sacar dinero de un cajero, y le llevó a comisaría. Guerrero, que llevaba gafas de sol y dejaba ver que estaba un poco desorientado, no quiso dar ningún tipo de explicaciones.
Recordaba haber estado en la comida de trabajo citada y luego «haber tomado algo». Incluso fue más lejos. Advirtió que quizá le sentaron mal unos medicamentos que tenía que tomar, y abrió la posibilidad a que «puede que me echaran algo en la bebida».
Fue lo más que explicó. Luego se cerró en banda, afirmando que su desaparición no formaba parte de ninguna estrategia jurídica. Al día siguiente pidió disculpas al tribunal.
La multa la puede recurrir, con un recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Falta por ver si el Colegio de Abogados de León le va a imponer alguna sanción disciplinaria también.
