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El Supremo exige devolver 10,6 millones a Extremadura mientras se resuelve el pleito con la Administración

10 / 03 / 2016 13:05

Actualizado el 10 / 03 / 2016 13:15

El Tribunal Supremo ha instado a la Administración del Estado a devolver a la Junta de Extremadura los 10,6 millones de euros que le restó en concepto de fondos europeos de garantía agrícola, según un auto del este órgano judicial.

A través de una nota de prensa, se recuerda que la Administración del Estado retuvo este dinero a dicha comunidad autónoma entre los pasados meses de diciembre y enero de fondos europeos de garantía agrícola. Todo ello a pesar de que el propio Tribunal Supremo había ordenado la suspensión cautelar de esas retenciones mientras resuelve un pleito entre ambas administraciones sobre quién debe hacer una devolución pendiente a la Comisión Europea.

El Supremo recuerda que «no se exige, para que se cumpla con el principio de tutela judicial efectiva, que un órgano judicial se pronuncie sobre el fondo de si procede o no la ejecución administrativa, sino que se pronuncie, al menos cautelarmente, antes de que se proceda a la ejecución forzosa, evitando así que cuando se pronuncie el juez sobre dicha medida cautelar ya se haya consumado la ejecución del acto.

El alto tribunal recuerda que «Esta cuestión ha sido resuelta, así STC 78/1996, de 20 de mayo, por la doctrina constitucional al estimar un recurso de amparo interpuesto contra la ejecución por la Administración de una sanción, a pesar de que la misma había sido recurrida en vía contencioso-administrativa con solicitud cautelar».

A finales del pasado mes de enero, se acordó como medida cautelar la suspensión del acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de septiembre de 2015, por el que se aprobó la terminación del procedimiento de repercusión por incumplimiento del Derecho de la UE iniciado a Extremadura y a la Administración General del Estado.

Según el TS, «La Administración, por tanto, no puede ejecutar un acto administrativo que ha sido recurrido por el interesado y se ha solicitado la adopción de medidas cautelares».

A través de un auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, este órgano judicial requiere a la Administración del Estado que devuelva los 10,6 millones de euros en el plazo de un mes.

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