La doctora Elisa Pinto fue una víctima del comisario José Manuel Villarejo.
La doctora Elisa Pinto recurrirá en apelación el archivo de la denuncia contra López Madrid por acoso sexual
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14/3/2016 07:00
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Actualizado: 14/7/2022 13:59
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La doctora Elisa Pinto no tira la toalla tras la decisión de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, Belén Sánchez Hernández, de sobreseer provisionalmente la denuncia por supuesto acoso sexual contra el empresario Javier López Madrid. Pinto va a recurrir en reforma, ante la misma juez, y en apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid, según ha podido saber Confilegal.
Fuentes del entorno de la doctora, entienden que se ha podido vulnerar el artículo 24 de la Constitución, al no haber obtenido la tutela efectiva de los jueces y tribunales, al no haberle permitido utilizar los medios pertinentes para la defensa de sus intereses.
La jueza Sánchez Hernández decidió archivar provisionalmente el caso el pasado 26 de febrero -según publicó Vanitatis-El Confidencial el pasado sábado 12 de marzo (una comunicación que todavía no ha llegado oficialmente a Elisa Pinto y a su abogada)-, al no haber quedado debidamente acreditada la participación de López Madrid en los hechos referidos por la doctora al entender la jueza que no existen indicios suficientes.
Una afirmación con la que, al parecer, no está de acuerdo Elisa Pinto. Porque 24 horas antes de que la jueza tomara su decisión, la representación legal de la doctora presentó un escrito de alegaciones de 27 páginas que afirma lo contrario.
En el mismo se dice, textualmente, que «se han ignorado las denuncias de doña Elisa, paralizando las investigaciones acerca de los hechos objetivamente denunciados y sucedidos y acelerando las investigaciones exculpatorias del señor López Madrid».
«El procedimiento ha sido manipulado, emitiendo diversos informes durante el secreto del sumario, llenos de errores y conjeturas, en los que se aprecia intervención de las altas esferas», prosigue el escrito. «Se ha manipulado la prueba y la información objetiva obrante en Autos, sustituyéndola por simples opiniones».
Y añade: «Se han denegado diligencias de investigación que acreditan la culpabilidad del señor López Madrid. Son continuos los errores y gazapos en los informes policiales dando lugar a conclusiones erróneas. Son continuas las falsedades y contradicciones existentes en las declaraciones del señor López Madrid y del señor José Villarejo».
LOS HECHOS DENUNCIADOS EXISTIERON
En el escrito, la abogada de Pinto, Ana Blanco, vuelve a reafirmar que los hechos, objeto de la denuncia, existieron: «No cabe duda de que el señor López Madrid ha solicitado favores de naturaleza sexual a la doctora, invadiendo su esfera privada de forma persistente e intimatoria. Se ha aportado al respecto suficiente prueba con una extensa pericial acerca de mensajes y fotografías explícitamente sexuales y mensajes de audio identificados por la Guardia Civil mientras se mantenía intervenido el teléfono de la doctora».
La jueza, según publica Vanitatis-El Confidencial, ha basado su decisión de archivar provisionalmente el caso en los informes facilitados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, que concluyó que el autor material de las cartas amenazantes que había recibido Pinto, que fueron la prueba principal que sirvió de base para imponer una orden de alejamiento a López Madrid, fueron redactadas por el propio hijo de 10 años de la doctora.
Los agentes que investigan el caso también determinaron que la dermatóloga adquirió diversas tarjetas telefónicas para remitir a López Madrid mensajes con alta carga sexual y para acusarle de haberla acosado durante casi dos años.
Tampoco ha quedado probado el intento de apuñalamiento que Elisa Pinto dijo haber sufrido al salir de su coche por parte de José Villarejo, comisario de la Policía Nacional. «Respecto a la persona que lo llevó a cabo, Elisa ha mantenido versiones contradictorias, habiendo cambiado de opinión al respecto en varias ocasiones», afirma el auto.
El entorno de la doctora niega tales conclusiones. Las llamadas amenazantes existieron y no las hizo ella.
En el mencionado escrito se hace referencia a un cuadro de tres llamadas realizadas al teléfono de la doctora desde un teléfono prepago el 2 de enero de 2014, que fue aportado por el Grupo de Extorsiones y Secuestros de la Policía Nacional, el cual llega a la conclusión, que fueron realizadas en un área cercana al domicilio de Elena Pinto, sugiriendo que las pudo hacer ella.
La representación legal de la doctora aporta otro cuadro de las mismas llamadas, esta vez procedente del Equipos Mujer-Menor (EMUME), de la Policía Judicial de la Guardia Civil, de ese mismo día, en el que se puede comprobar que las llamadas recibidas no fueron tres sino nueve. Y fueron realizadas también desde la misma zona.
Difícilmente pudo realizarlas la doctora, dice el documento, desde donde afirma la Policía porque ese día se hallaba en la República Dominicana.
Por lo que se refiere a las dos agresiones con arma blanca a la doctora, una en el brazo y otra en el abdomen, prosigue el escrito, existieron y hay pruebas de que no fueron autoinfligidas.
De la segunda agresión quedó constancia de que el vehículo de la doctora pasó por donde dijo ella que había pasado, como se ha podido constatar en la grabación de una cámara de circuito cerrado (la Policía indicó a su señoría que no había logrado obtener imágenes que certificaran que el vehículo había pasado por esa calle); la prueba caligráfica de las cartas amenazantes se hizo sobre una fotocopia, lo que es altamente irregular.
QUEDAN MUCHAS INCÓGNITAS
El caso dista todavía mucho de darse por cerrado, en opinión del entorno de la doctora. Primero, queda todavía por estudiar a fondo el auto de la jueza.
En los recursos que presenten casi con toda seguridad pedirán al tribunal de la Audiencia Provincial lo que la magistrada Sánchez Hernández no les ha concedido esta vez: que llamen a declarar a todos los testigos que avalan la veracidad de las acusaciones: son 10; que se autorice la entrega de una copia de los ficheros conteniendo los volcados íntegros de los dos teléfonos móviles de López Madrid, una Blackberry GSM, y un Iphone 5S, que fueron analizados por la Guardia Civil, y que se cite a declarar al representante de Aiuken Solutions, la empresa que hizo el borrado del Iphone 5S de López Madrid, entre otros requerimientos.
No es la primera vez que la Audiencia Provincial ordena a un juez de instrucción que reabra la instrucción del caso. Pasó recientemente con el de el espionaje a altos cargos del PP. La magistrada Carmen Valcarce, se vio obligada a reabrirlo hasta dos veces más. O como pasó con el caso de los Whatsapp de Guillermo Zapata, el concejal de Ahora Madrid, que instruía el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que fue obligado a reabrirlo dos veces más por la Sala de lo Penal. Suele ocurrir.
Como dicen en el mundo del fútbol, todavía queda partido.
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