La máxima autoridad de la justicia española, Carlos Lesmes, ha enviado una carta a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, recordándole que cuando los jueces de instrucción precisen de información sobre parlamentarios nacionales esta tiene que que hacerse vía Tribunal Supremo. Es decir, juez-Tribunal Supremo-Parlamento (Congreso o Senado) y al revés, en la contestación, Parlamento-Tribunal Supremo-juez.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado a la presidenta del TSJCV que existe una instrucción del Consejo en este sentido, según publica la edición valenciana de La Razón.
El recordatorio se produce después de que Víctor Gómez, titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, y María Teresa de Vidiella, magistrada del Juzgado de Instrucción 16 de la ciudad del Turia, se dirigieran directamente al presidente del Senado, el popular Pío García Escudero, solicitando saber si Rita Barberá, también del PP, es senadora en activo a fin de enviar después una exposición razonada, se supone que para solicitar el suplicatorio que, después, desposeída del privilegio del aforamiento, les permitiría decidir si remitir todo el procedimiento al Tribunal Supremo para su investigación.
Gómez investiga el caso Imelsa y De Vidiella un supuesto delito de desobediencia a la Ley de Memoria Histórica, al existir en la ciudad escudos anticonstitucionales y monumentos a los caídos en la Guerra Civil.
Los dos magistrados aplicaron el artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que «el juez o Tribunal que ordene la práctica de cualquier diligencia se entenderá directamente con el Juez, Tribunal, autoridad o funcionario encargado de su realización aunque el mismo no le esté inmediatamente subordinado ni sea superior inmediato de aquéllos».
Pío García Escudero no contestó a los requerimientos de los dos jueces. Fue el vicepresidente de la Cámara Alta, el también popular Pedro Sanz, quien explicó a los medios de comunicación que no iban a contestar a los jueces directamente sino que los requerimientos se iban a remitir al Tribunal Supremo.
Se supone que para que el presidente del Tribunal Supremo, Lesmes, volviera a enviárselas de vuelta al Senado, esta vez por vía protocolaria.
Jueces consultados por Confilegal explicaron que, en los últimos tiempos, se han aplicado las dos vías, tanto directamente como a través del Tribunal Supremo.
Algunos de ellos consideran que esta formalidad es una reminiscencia del pasado y una forma de marcar «categorías», además de retrasar todo un día o dos. «Y máxime cuando, a día de hoy, los jueces nos comunicamos con otros jueces europeos directamente, sin la intermediación de los Ministerios de Justicia. Ni por protocolo ni por eficacia se justifica. Lo normal, en 2016, es que los jueces podamos ponernos en contacto con el Parlamento, directamente, y preguntar: ¿es el señor, fulano de tal -o señora- senador o diputado?, y que nos contesten. Así de simple, así de normal», concluyeron.
Cuando los investigados han sido parlamentarios autonómicos, los jueces de instrucción se ponen directamente en contacto con la presidencia de la Cámara respectiva.
