La juez Mercedes Alaya, con destino actual en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, participó el miércoles por la tarde en una jornada universitaria, en Sevilla, en la que afirmó que estos ‘macroprocesos’ -refiriéndose a los que ella inició- que «son extremadamente complicados y generan un esfuerzo personal y material que sobrepasa nuestras posibilidades».
Alaya criticó duramente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y afirmó que las «las macrocausas seguirán existiendo porque la realidad nos las impone y no porque los jueces queramos instruir macrocausas».
La conocida magistrada intervino el mismo día en que declararon como investigados por los ERE los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante el juez instructor, Álvaro Martín.
Durante su intervención en esta charla organizada por los alumnos de la Facultad de Derecho de la Hispalense, a la que asistieron unas 400 personas y que se ha prolongado durante 42 minutos, la magistrada incidió en que «la culpa» a su vez de que se produzcan estas tramas delictivas «no las tenemos los jueces, la Policía o la Guardia Civil, sino que se han consentido durante mucho tiempo y esa corrupción política existe con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente».
«FINANCIACIÓN ILEGAL DEL ELECTORADO DE LOS PARTIDOS»
En relación a la vinculación que hace la reforma de la Ley de un término «tan peligroso» como las dilaciones indebidas que se pueden producir en las investigaciones judiciales y las ‘macrocausas’, Alaya ha dicho que «el legislador sabe que existen en curso diferentes ‘macrocausas’, todos conocemos las que se llevan en esta ciudad y también en otras partes del territorio español, unas por financiaciones ilegales de partidos, otras por financiación ilegal del electorado de otros partidos».
Imaginaros qué pueden pensar las defensas de estos señores que están imputados si una Ley ya les dice que macroproceso es igual a dilación indebida; esto no es así», ha puesto de manifiesto la juez Alaya, que ha subrayado que «la culpa no la tienen los jueces, la culpa es de las tramas delictuales que hacen que el trabajo sea muy complejo», por lo que ha opinado que, por todo ello, «la reforma empieza bastante mal».
Seguidamente, ha analizado las dos fórmulas que ofrece la Ley para la agilización de los procedimientos, una de las cuales se refiere a la reforma de la conexidad, y ha lamentado que a la reforma de la Ley, «que ha pretendido evitar los macroprocesos, le ha salido el tiro por la culata y quizás por incapacidad, por falta de sistemática o de rigor, no afecta a las causas de conexidad que efectivamente generan los macroprocesos».
«ESPADA DE DAMOCLES»
Sobre la regulación de los plazos en la investigación judicial, Mercedes Alaya ha criticado que se ponga esa «espada de Damocles» sobre los jueces «cuando hay tramas de corrupción tan importantes, cuando hay tantos millones, millones y millones defraudados».
En este sentido, y volviendo a abordar el asunto de la prescripción de delitos –lo que ya ha ocurrido en el caso de los ERE fraudulentos que ella investigó entre 2011 y 2015–, la juez ha afirmado que «no tiene que ver con los plazos que se usan en la instrucción, sino con el momento en que se inicia la investigación judicial y se dirige el procedimiento contra el culpable».
A su juicio, «el problema es que se averigüe que hay indicios de la existencia de este delito demasiado tarde y ese delito se remonte a años ha», pues «entonces vamos con prisa y celeridad» y los medios materiales «no nos permiten seguir investigando eficazmente», pero ha opinado que «el problema no es nuestro» sino que «es por circunstancias ajenas a nosotros».
SECRETO
«A lo mejor se estaba cometiendo –el delito– desde 2001, pero si lo comenzamos a investigar en 2011 entonces tenemos un serio problema», ha aseverado la magistrada sin hacer alusión en ningún momento al caso de los ERE fraudulentos, que ella misma comenzó a investigar en el año 2011 en relación a hechos ocurridos precisamente en 2001.
La magistrada, igualmente, ha criticado que la reforma de la Ley permita interrumpir los plazos para investigar si la causa se declara secreta. «Si los medios de comunicación dejan de hacer ruido sobre una causa porque está secreta y se deja de influir sobre la opinión pública de los electores, entonces yo le interrumpo los plazos», ha lamentado. EP.
