Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han hecho público hoy un comunicado conjunto criticando la investigación que la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria abrió, en pleno periodo preelectoral, a Victoria Rosell, juez y entonces candidata de Podemos, por supuesta infracción disciplinaria.
Sin personalizarlo en el fiscal jefe de Las Palmas de Gran Canaria, Guillermo García-Parnasco Morales -pero refiriéndose implícitamente a él, ya que es su máximo responsable-, acusan a esa Fiscalía de haberse «arrogado competencias» que le corresponden al Consejo General del Poder Judicial.
Las tres asociaciones se han referido así a las diligencias preprocesales que la Fiscalía de las Palmas abrió a Rosell para tratar de descubrir si había tomado alguna decisión que pudiera beneficiar al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y del grupo Ralons, al que investigaba, desde el juzgado de instrucción del que era titular, por fraude fiscal.
Investigaciones que se llevaron a cabo en periodo preelectoral y de las que se dieron cuenta a todos los medios de comunicación el 4 de diciembre -a 16 días de las elecciones generales- desde el propio Ministerio Público mediante la distribución de una nota informativa.
En la misma se explicaba que la finalidad de tales diligencias eran «determinar la posible existencia de una infracción disciplinaria cometida por la Señora Rosell en su actividad jurisdiccional”.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) propinó un fuerte varapalo a la Fiscalía de las Palmas el pasado 7 de marzo, en una sentencia una sentencia en la que declaraba nulas todas las investigaciones llevadas a cabo por el órgano que dirige García-Parnasco Morales.
“Negamos, de acuerdo con el mandato constitucional“, dice la sentencia, “que entre las funciones que tiene atribuida la Fiscalía se encuentre la de incoar procedimientos disciplinarios a Jueces y Tribunales”.
“No existe norma legal alguna que así lo afirme, ni podría existir sin contravenir el mandato constitucional”, añade el fallo del TSJC, que reconoce que, con esa investigación, se vulneraron el derecho de defensa y el derecho a participar en unas elecciones de Victoria Rosell.
DIMISIÓN DEL FISCAL JEFE DE LAS PALMAS
A raíz de esa sentencia, la APIF reclamó públicamente la dimisión de García-Panasco Morales.
“Lo ocurrido aquí, que impacta en la percepción de neutralidad política de la Fiscalía por los ciudadanos, se trata de una vulneración de derechos fundamentales responsabilidad del fiscal jefe de Las Palmas”, dijo la APIF en un comunicado.
Jueces para la Democracia (JpD), la asociación a la que pertenecía Rosell -cuya afiliación ha quedado congelada mientras esté en política-, también hizo un duro comunicado: «La Fiscalía Provincial de Las Palmas vulneró el derecho fundamental a la defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución, al iniciar actuaciones para las que carecía manifiestamente de competencia y al margen del proceso legalmente establecido».
Y en la misma línea de la APIF, JpD, exigió «la necesaria reflexión y asunción de responsabilidades por parte de las personas que directamente intervinieron en estos hechos con el fin de que su actuación no ensombrezca la esencial función que la Fiscalía está llamada a cumplir en un Estado de Derecho».
Es decir, García Parnasco.
JpD ha explicado a Confilegal que, con su comunicado, ya habían dicho todo y que por eso no han suscrito el hecho público hoy por las dos asociaciones de jueces hermanas y la de fiscales, que ahondan en la misma línea, mostrando su «preocupación por la actuación llevada a cabo por la Fiscalía Provincial de Las Palmas arrogándose competencias» que, para ellos -suscribiendo la sentencia del TSJC-, están «reservadas por imperativo de una norma constitucional al Consejo General del Poder Judicial».
EL PROMOTOR NO VIO INFRACCIÓN
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, que no apreció infracción alguna y archivó el asunto, sin embargo, no puso ningún reparo a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Las Palmas.
El asunto que el órgano que dirige García-Parnasco trató de investigar, es decir, si Rosell retrasó o no un procedimiento judicial por interés personal, se encuentra en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, impulsado por una querella presentada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, de quien Rosell dijo que estaba detras de las diligencias preprocesales fiscales.
Soria se querelló contra Rosell por los delitos de de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho.
Recientemente, la Fiscalía del Tribunal Supremo hizo público su escrito solicitando al Tribunal Supremo el archivo de la querella por no haber aportado suficientes pruebas para demostrar que se hubieran producido calumnias e injurias,
La Fiscalía considera que el ministro Soria carece de legitimación para ejercitar la acción penal por los delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso en la Administración de Justicia.
Y sobre la imputación de retraso y paralización intencional en la tramitación de las diligencias previas relacionado con una transacción comercial de su pareja sentimental, la Fiscalía dice que fue objeto de una queja ante la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que procedió a su archivo.
