Ecologistas en Acción presentó el documento de queja ante el Decanato de los Juzgados de Talavera de la Reina para que este órgano se lo haga llegar al CGPJ. Confilegal.
Ecologistas en Acción presenta una queja ante el CGPJ contra cuatro jueces de Talavera de la Reina
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29/3/2016 17:19
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Actualizado: 29/3/2016 17:31
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Ecologistas en Acción ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito de queja contra cuatro jueces destinados en Talavera de la Reina por haber firmado un pasquín-nota de prensa de apoyo al fiscal jefe de la ciudad, quien había sido denunciado por haber construido su chalet en zona medioambiental protegida y formar parte de una supuesta trama de corrupción.
Este hecho, conocido como el «caso Talavera» fue puesto recientemente en conocimiento del Congreso de los Diputados y de la Fiscalía General del Estado, para que se investigue, junto a otros dos casos más de presunta corrupción; los casos «Palomarejos Golf» y «Serra».
El escrito de la organización ecologista fue registrado ayer, 28 de marzo, en el Decanato de los Juzgados de Talavera de la Reina, órgano que lo transmitirá al CGPJ.
Ecologistas en Acción menciona específicamente a la jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de esa ciudad Ruth Taboada Mariño, y a los jueces titulares Jorge Olmedo Castañeda, del 3, José María Ortiz Aguirre, del 4, y Ana Belén Gómez Dorado, del 5.
El pasquín fue leído como «nota de prensa en la puerta de los Juzgados de Talavera de la Reina, en favor del fiscal jefe, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade«, según la organización ecologista, en una concentración que tuvo lugar el 22 de julio de 2015 en la que participaron 60 personas que enarbolaban una pancarta en la que podía leerse «Por la dignidad de la Justicia».
Tal concentración fue la respuesta a la denuncia de corrupción que previamente había realizado Fernando Presencia, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera y juez Decano, provisionalmente suspendido de sus funciones tras una denuncia de la Fiscalía de Toledo ante el CGPJ.
A la vista de lo sucedido, Presencia presentó, cuatro días más tarde, «una denuncia por difamaciones» contra los firmantes anónimos del «pasquín».
La denuncia cayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Talavera de la Reina, del que es titular José María Ortiz Aguirre, quien abrió diligencias indeterminadas 27/2015, para, a continuación, promover incidente de abstención ante la Audiencia Provincial, «por estar incurso en la causa número 10 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
La justificación que enarboló Ortiz Aguirre para quitarse el caso de encima fue que él era uno de los firmantes de la nota de prensa.
Y lo mismo hicieron los otros tres magistrados, Ruth Taboada Mariño, Jorge Olmedo Castañeda y Ana Belén Gómez Dorado.
En base a ese reconocimiento, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, compuesta por los magistrados Juan Manuel de la Cruz Mora, Rafael Cancer Loma, Alfonso Carrión Matamoros e Isabel Ochoa Vidaur encontró «justificada la causa de abstención alegada por los señores magistrados» y ordenó a los cuatro apartarse definitivamente del asunto, según auto de 28 de septiembre de 2015.
Puerta principal de los Juzgados de Talavera de la Reina, donde Ecologistas en Acción presentó su queja contra los cuatro jueces. Confilegal.
UN GALIMATÍAS
Los cuatro jueces de Primera Instancia e Instrucción firmantes reconocieron, con esa abstención, su condición de denunciados, puesto que ese era el objetivo de la denuncia: conocer su identidad y proceder contra ellos.
Y aquí, la historia se convierte en un galimatías.
Porque, de acuerdo con la LOPJ, la competencia para la investigación de este hecho -cuando los denunciados son magistrados- le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la región, en este caso al de Castilla-La Mancha (TSJCM), con base en Albacete.
Sin embargo, no ha ocurrido nada. El TSJCM no ha movido un dedo. Tampoco han avanzado un milímetro las diligencias indeterminadas 27/2015, porque los cinco Juzgados de Primera Instancia e Instrucción no pueden tocar el asunto, ya sea porque los titulares de los diferentes Juzgados son denunciados o denunciante, aunque el 1 y el 2 tengan ya nuevos titulares, si bien temporales.
Esta es una de las razones por las que Ecologistas en Acción han presentado la queja ante el CGPJ: «No entendemos por qué los referidos jueces siguen conociendo de las causas sobre corrupción en las que aparece como implicado, directa o indirectamente el fiscal jefe Ángel Demetrio de la Cruz Andrade«, añaden.
«Hay que tener en cuenta que el referido pasquín, además de desvelar una incompresible solidaridad con los posibles corruptos supone una violación de la prohibición contenida en el artículo 395 de la LOPJ, y por ello implica que quienes lo firmaron leyeron o defendieron públicamente incurrieron en la falta grave prevista en el art.418.3 de la misma LOPJ», prosiguen en el escrito Ecologistas en Acción.
«La misma falta de aplicación al fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade quien, al parecer, organizó y convocó una manifestación en las puertas del juzgado en defensa exclusiva de sus intereses, y en contra de la autoridad que le denunció», afirma esta organización.
TRES CASOS PARALIZADOS
El «caso Talavera» tiene su origen, entre otras cosas, en «la construcción ilegal del chalet» del fiscal jefe de Talavera «en el cauce fluvial del arroyo de la Fuente o Berrenchín», prohibida por la Confederación Hidrográfica del Tajo, según afirma esta organización de defensa del medio ambiente.
En la foto, el chalet del fiscal jefe de Talavera de la Reina, en el término municipal de Pepino, construido sobre una zona ilegal, según Ecologistas en Acción. Confilegal.
Antes habían denunciado ante el Ayuntamiento de Pepino [localidad cercana a Talavera, donde se encuentra la construcción] que el fiscal jefe había construido ilegalmente su chalet sobre un cauce fluvial y habían solicitado que se repusieran «las cosas a su estado anterior», es decir, que fuera demolido.
La secretaria Municipal de Pepino, Milagros Clavero, contestó, mediante un documento certificado y fechado el 24 de noviembre de 2015, que no eran «competentes en este procedimiento, ya que la competencia es estatal», dando a entender, según los ecologistas, «que nos encontramos ante un delito».
La investigación sobre este caso específico está paralizada. Lo mismo que la del «caso Palomarejos Golf», tramitada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1, aunque la paralización es mayor en tiempo. Según Ecologistas en Acción: 15 meses.
La organización ecologista lo denunció «por la falta de exigencia de las correspondientes cesiones (8 hectáreas aproximadamente) para el municipio de Talavera de la Reina por el cambio de clasificación del suelo de la zona Campo de Golf Palomarejos Golf».
En el «caso Serra», por el contrario, fue la Fiscalía «la que acusó a dos funcionarios municipales de Navalcán de prevaricación, a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción por la concesión de una licencia municipal para la construcción de la mansión de Serra en un terreno prohibido para tal fin, según informe emitido por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y obrante en el expediente».
El terreno se encuentra en pleno centro del Valle del Tiétar en zona forestal de espacio ZEPA Y LIC de la Red Natura 2000 y área crítica de especies en peligro de extinción.
A pesar de todo, la Fiscalía pidió el sobreseimiento de las actuaciones antes de ser dictado auto de transformación en procedimiento abreviado, continuando el procedimiento adelante.
QUEJA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANTE EL CGPJ:
3ª QUEJA-DENUNCIA AL DECANATO DE TALAVERA-3
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