Podemos ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) en la que insta a la suspensión parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para evitar el sobreseimiento de las causas declaradas de especial complejidad, al establecerse plazos para la instrucción de seis o 18 meses.
En el escrito, firmado por el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, Íñigo Errejón, y por la portavoz de Justicia, Victoria Rosell, se reclama la suspensión del artículo 324 de la Lecrim «sin perjuicio de iniciar con urgencia los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley para su derogación o modificación».
«Acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la situación real de la administración de justicia, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos», señala Podemos.
El partido liderado por Pablo Iglesias considera que la ciudadanía puede «legítimamente pensar qué habría sido de los grandes casos de presunta corrupción que se investigan en la actualidad, qué resultado habrían tenido de tener que juzgarse o archivarse en esos plazos de 6 o 18 meses».
Podemos reconoce el buen propósito del legislador para tratar de no dilatar la instrucción de los casos judiciales, pero apunta que «el efecto que se consigue es otro al aplicarse la ley en el mundo real».
La formación morada recuerda que la circular de la Fiscalía General del Estado de 2015 en la que advierte que los plazos máximos de fase de instrucción «plantea zonas de penumbra». También señala que seis asociaciones judiciales y fiscales pidieron la suspensión de la entrada en vigor de la Lecrim, calificando públicamente esta reforma como «ley de punto final«.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no suscribió el comunicado conjunto, pero también pidió un modificación de la ley, según recuerda Podemos.
SUPRESIÓN DE LAS TASAS PYMES Y ONGS
Asimismo, el grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea también ha presentado una proposición de Ley en la que reclama la supresión de las tasas judiciales para las ONG y las pequeñas y medianas empresas (pymes), pero aboga por mantener las cuantías para las grandes empresas.
La iniciativa, impulsada por los diputados Jaume Moya y Victoria Rosell, será debatida ante el Pleno de la Cámara, y tiene altas probabilidades de salir adelante, toda vez que PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU reivindicaron durante la pasada campaña electoral la supresión total de las tasas judiciales para las pymes y las ONG.
Con la derogación parcial impulsada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se suprimió el pago para acceder a la Justicia por parte de personas físicas. Sin embargo, esa derogación no incluyó a las pequeñas y medianas empresas y a las ONG, que tienen que seguir pagando tasas judiciales si quieren acceder a la Justicia, ni tampoco a las grandes empresas.
En la exposición de motivos, Podemos señala que las pymes se ven «obligadas a satisfacer las cuantiosas tasas judiciales como requisito para acceder a la justicia, lo que provoca que en muchos casos, y aún más en el contexto de crisis económica, no puedan acceder a la tutela judicial».
La situación es aun más grave con las ONG, asegura la proposición, ya que estas entidades quedan debilitadas a la hora de actuar frente a la vulneración de los derechos constitucionales. (CONFILEGAL/EP)
