Las inversiones en Justicia aumentaron un 48,40 por ciento entre 2004 y 2013
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13/4/2016 05:59
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Actualizado: 12/4/2016 23:01
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Las inversiones realizadas en la Administración de Justicia, entendiendo por tal las 5 Comunidades que conforman el territorio Ministerio, las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aumentaron entre 2004 y 2013 un 48,40 por ciento, pasando de 2.356.373.869 € a 3.496.842.148 €.
Esta es una de las sorprendentes conclusiones que se desprenden de la tesis doctoral «Gasto público y funcionamiento de la Justicia en España entre 2004 y 2013», de la que es autor el magistrado Francisco Gutiérrez López, y que leyó recientemente en la Universidad de Sevilla, lo que le valió la calificación de Summa Cum Laude.
El juez Gutiérrez López rompe así con el mito de que en España no se invierte en Justicia. Las cifras hablan por sí mismas en esta completísima tesis sobre el tema.
«Mientras el incremento del gasto en Justicia ascendió al 48,50 por ciento, el de las Administraciones Públicas fue del 39,45 por ciento, lo que permite reconocer que en este periodo se ha concedido cierta preferencia al gasto en justicia«, explica el juez Gutiérrez López en su texto.
Su objetivo principal era cotejar cuál había sido la relación entre el funcionamiento y el gasto público realizado entre 2004 y 2013 en la Administración de Justicia en España, sus Comunidades Autónomas y Andalucía, «para poder determinar si la causa que explicaría ese funcionamiento es económica o, por el contrario, confluyen otras, y, en su caso, aportar soluciones».
EL PROBLEMA ES DE ORGANIZACIÓN
Según se desprende de la tesis del magistrado Gutiérrez López, el problema central de la Administración de Justicia «es más de diseño organizativo que económico; de hecho, el incremento del gasto público habido en el periodo 2004/2013 no ha mejorado su funcionamiento porque la política de gasto ha sido estéril/ineficiente, ya que no se ha centrado en combatir las variables que causan el mal funcionamiento, que son el déficit de jueces y la excesiva litigiosidad».
El trabajo del magistrado muestra que las administraciones más beneficiadas por este incremento del gasto han sido las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, que pasaron de 1.259.058.869 € en 2004 a 2.046.026.148 € en 2013, lo que supone un incremento de un 63,81 por ciento.
Sin embargo, entre las Comunidades Autónomas se aprecia una gran disparidad en el gasto efectivo por habitante. En 2004, el País Vasco invertía 49,22 € por habitante, Canarias 52,09 €, Galicia 30,14 € y Andalucía 34,4 €.
En 2013, Euskadi elevó la inversión a 68,27 € por habitante, Canarias a 67,68 €, Galicia a 39,92 € y Andalucía a 47,8 € por habitante.
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